Vox ha responsabilizado este miércoles al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, del “politización y el deterioro” del sistema judicial, de la merma de autonomía de diversas instancias y del debilitamiento del derecho a la tutela judicial efectiva. Frente a estas acusaciones, el titular de Justicia ha reiterado que el Ejecutivo está impulsando “la mayor transformación de la Justicia en décadas”.
Durante una interpelación en el Pleno del Congreso, el diputado Juan José Aizcorbe ha alertado de que las democracias rara vez se erosionan mediante “golpes abruptos” al orden constitucional, sino cuando el poder comienza a percibir como “incómodos” los contrapesos y estos dejan de considerarse garantías institucionales para pasar a ser “obstáculos políticos a neutralizar, desacreditar o condicionar”.
A juicio de Aizcorbe, la situación de la Justicia en España ya no puede explicarse “únicamente” por retrasos o falta de recursos, sino que el problema “mucho más profundo” reside en la percepción de que determinadas instituciones del Estado “han dejado de actuar con plena independencia respecto del poder político”.
En esta línea, ha señalado directamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía General del Estado, y ha interpelado a Bolaños sobre qué entiende por separación de poderes: si es “un auténtico límite constitucional del Gobierno o un mecanismo institucional cuyo valor depende de su utilidad política coyuntural”.
El representante de Vox ha acusado al Ejecutivo de deslegitimar resoluciones judiciales cuando resultan incómodas políticamente, de promover amnistías “incompatibles con el propio espíritu constitucional” y de utilizar el indulto como un instrumento sometido a “necesidades políticas del momento”. Asimismo, ha aludido a las investigaciones que afectan a familiares del presidente y a antiguos dirigentes de la Organización del PSOE.
Según Aizcorbe, ante este escenario la reacción del Gobierno pasa por “quitar jueces, cuestionar investigaciones o promover reformas orientadas precisamente a limitar mecanismos de control sobre el propio poder”. Ha denunciado también la ofensiva contra la acción popular, que ha vinculado al hecho de que el entorno político del Ejecutivo acumule causas judiciales “extraordinariamente sensibles”.
El diputado ha añadido que la ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia se ha presentado “propagandísticamente” como una gran transformación, pero considera que proyecta una imagen “excesivamente burocratizada y gerencial” del sistema judicial.
Los problemas de la Justicia “no son nuevos”, según Bolaños
En su primera intervención, Bolaños ha subrayado que los problemas de la Justicia “no son nuevos” y que, al asumir la cartera en 2023, se encontró con órganos colapsados, procedimientos “excesivamente largos”, una gran dispersión territorial y tecnológica, una digitalización “muy desigual e incompleta” y un déficit de inversión.
Ante este diagnóstico, el ministro ha asegurado que el Gobierno decidió situar la Justicia como ámbito “prioritario” y diseñar una “transformación profunda” que ataque el origen de los desequilibrios. En este contexto, ha reivindicado el acuerdo para la renovación del CGPJ, la sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, la multiplicación por doce de la inversión en Justicia y la convocatoria de 500 nuevas plazas de jueces y 200 de fiscales.
Bolaños ha defendido además los medios adecuados de solución de controversias (MASC), destacando que han permitido reducir la litigiosidad media un 18%. También ha señalado que, desde la entrada en vigor de la ley de eficiencia, se celebran un 5,6% más de juicios, se señalan más de un 6% más que en el mismo periodo del año anterior y la pendencia judicial se ha reducido en 2026 un 0,7%.
Vox habla de “caos” en los tribunales de instancia y por los MASC
En su réplica, Aizcorbe ha acusado a Bolaños de confundir “estadística manipulada” con una mejora real del servicio público de Justicia. Ha expresado su preocupación por la obligatoriedad de los MASC, la “falta” de jueces, la “despersonalización” del sistema, el “caos” que, a su juicio, generan los tribunales de instancia, así como por la situación del turno de oficio, la justicia gratuita y el “deterioro” institucional en su conjunto.
El ministro ha cerrado el intercambio defendiendo que los datos aportados son “cifras reales” y ha reprochado a Vox que no presente indicadores concretos para respaldar sus críticas a los tribunales de instancia. Ha insistido además en que en España está “garantizada la independencia judicial”, un extremo que, según ha señalado, reconocen los propios jueces, el CGPJ y la Red Europea de Consejos Judiciales.