Centros de datos e inteligencia artificial: qué proponen PSOE, PP, Frente Amplio y Vox

La izquierda apuesta por condiciones ambientales y control público mientras la derecha se centra en la red eléctrica, los puntos de conexión y la atracción de grandes inversores

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Los centros de datos y la inteligencia artificial no ocupan un lugar tan destacado en la campaña electoral del 29N como la vivienda, la sostenibilidad de las pensiones o las inversiones en infraestructuras ferroviarias; pero han ido ganando peso en el debate por dos razones: las enormes cifras de inversión que mueve el sector y el real decreto que el Gobierno aprobará antes de las elecciones, una iniciativa que ha generado inquietud en la industria. Ahora bien, ¿cuánto de ese foco se ha trasladado a los programas electorales de los grandes partidos? Dicho de otra manera, ¿qué propuestas han puesto encima de la mesa PSOE, PP, Vox y Frente Amplio para regular un ámbito con tanto potencial en España?

PSOE: inversión, energía y exigencias ambientales

El PSOE, valiéndose de ser la fuerza mayoritaria del actual Ejecutivo, tiene en el horno un proyecto de real decreto que verá la luz a no mucho tardar, probablemente, la próxima semana, justo antes del 29N, tal y como preveían.

La norma pretende fijar requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para unas infraestructuras cuyo crecimiento plantea nuevos desafíos para el sistema eléctrico y la gestión de los recursos. Entre las condiciones planteadas figura que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable. También se busca evitar que la demanda de estas instalaciones encarezca la factura de la luz o reste capacidad energética a otras actividades.

Normas en marcha aparte, los socialistas apuestan en su programa por ampliar la capacidad de la red eléctrica. Proponen acelerar la expansión y digitalización de las redes de transporte y distribución, además de convocar nuevos concursos de acceso para garantizar el suministro a proyectos industriales y tecnológicos con una elevada demanda energética.

El PSOE propone acelerar la expansión y digitalización de las redes de transporte y distribución

La formación no desarrolla en su programa un catálogo específico de obligaciones ambientales para los centros de datos. Se limita a exponer que habrán de operar con energías renovables, reutilizar el calor y hacer un uso responsable del agua con el propósito de minimizar su impacto ambiental.

PP: desbloquear conexiones y atraer grandes proyectos

Los de Alberto Núñez Feijóo proponen anticipar la capacidad eléctrica necesaria en zonas industriales, logísticas y de centros de datos, con un plan de choque de 18 meses para resolver los cuellos de botella que dificultan la conexión a la red.

A esa medida se suma la creación de las denominadas Zonas de Innovación Estratégica, que serían espacios con suelo disponible y conexiones eléctricas y digitales garantizadas, una ventanilla única para agilizar los trámites y condiciones fiscales favorables durante siete años.

El objetivo es atraer grandes inversiones tecnológicas, tanto vinculadas a la inteligencia artificial como a la instalación de centros de datos.

Frente Amplio: control público y condiciones ambientales

El Frente Amplio propone declarar los centros de datos infraestructura estratégica nacional y someterlos a control o titularidad pública o europea. Además, reclama evaluar su impacto sobre el suelo, las redes eléctricas y los recursos hídricos antes de autorizar nuevos proyectos.

Y, a diferencia del programa de los socialistas, el de Ada Colau sí que atesora mayor concreción en lo tocante a las condiciones ambientales. Entre sus medidas figura condicionar las licencias a que el consumo energético de las instalaciones esté respaldado por generación renovable adicional. También plantea prohibir la refrigeración con agua en cuencas con sequía o estrés hídrico y exigir, en esos casos, el uso de agua regenerada o desalinizada, así como un canon específico por el agua consumida.

De igual forma, FA quiere obligar a aprovechar el calor residual que generan estas infraestructuras, con objetivos del 10% en 2026 y del 20% en 2028.

En el ámbito fiscal, propone una tasa nube sobre los servicios digitales de los centros de datos para que los municipios que los acogen reciban parte de los beneficios; y se incluyen obligaciones de contratación y formación de trabajadores locales y la publicación auditable de los consumos de agua y electricidad, del origen de la energía y del calor reutilizado.

Vox: un 'solar'

La formación liderad por Santiago Abascal no ha incluido medidas específicas para los centros de datos, aunque sí integra algunas generalidades para impulsar la IA y facilitar su implementación en empresas y administraciones, sin entrar en mayor detalle.

Inteligencia artificial: regulación, adopción y productividad

Las diferencias entre los partidos también se trasladan a la inteligencia artificial. Mientras PSOE y Frente Amplio plantean nuevas reglas para supervisar su uso y limitar determinados riesgos, PP y Vox ponen el acento en extender su aplicación al tejido productivo y mejorar la formación de trabajadores.

El PSOE propone un marco legal para regular el desarrollo y el uso de la IA. Su programa contempla aprobar una Ley para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que exigiría supervisión humana, etiquetado obligatorio de contenidos generados o manipulados y prohibiría los deepfakes sin consentimiento, con sanciones de hasta 35 millones de euros.

Además, esboza una Ley de Transparencia Algorítmica, con auditorías independientes y la creación de un Observatorio Público de Discriminación Algorítmica.

En el ámbito laboral, propone acordar con los agentes sociales medidas para garantizar la transparencia y la supervisión humana de los algoritmos utilizados en procesos de selección y despido.

La protección de los menores ha sido una prioridad durante la legislatura y Pedro Sánchez pretende rescatar la Ley de Protección de Menores en entornos digitales, que decayó con motivo del adelanto electoral. Asimismo, defiende restringir el uso libre de chatbots de IA a menores de 16 años sin consentimiento parental, incorporar alertas ante conductas de riesgo y tipificar como delito los deepfakes sexuales.

Junto a la regulación, el programa incluye medidas para extender el uso de estas tecnología: una estrategia nacional de IA para la ciencia, que integre inversión en computación, datos y talento, y ampliar el Bono IA, la Red NEURONA y los programas de apoyo a autónomos, pymes y universidades; y crear un servicio público de acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial acompañado de formación permanente.

En la Administración, el PSOE apuesta por utilizar estas herramientas para agilizar la gestión, pero sin permitir que las decisiones que afecten al ejercicio de derechos se adopten exclusivamente de forma automatizada. El programa añade el estudio de nuevos gravámenes a las grandes tecnológicas y a los tokens de modelos de IA, así como el impulso de modelos de lenguaje abiertos en español y lenguas cooficiales.

Por su lado, el PP apuesta por extender la IA a empresas y trabajadores mediante incentivos. Una de sus principales propuestas es entregar a cada trabajador un cheque de formación en inteligencia artificial que pueda conservar aunque cambie de empresa. La iniciativa priorizaría a los empleados de mayor edad y a quienes trabajen en sectores más expuestos a los cambios tecnológicos.

Para las empresas, el programa plantea facilitar a las pymes aplicaciones de IA listas para usar, ofrecer entornos de prueba seguros y acompañamiento a través de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA). También propone una libertad de amortización fiscal completa durante el primer año para las inversiones en inteligencia artificial, digitalización y patentes.

El PP quiere aplicar estas tecnologías a la Administración para automatizar procedimientos repetitivos, aunque mantiene la supervisión humana cuando estén en juego derechos. De igual forma, los de Feijóo prevén incorporar la IA, junto con la ciberdefensa y los drones, a las capacidades de Defensa.

El Frente Amplio reclama una IA bajo control público y con garantías laborales. Su programa propone un Plan Nacional de Adopción de Inteligencia Artificial dirigido a pymes, autónomos y economía social, apoyado en supercomputación pública y con prioridad para el código abierto. La iniciativa estaría condicionada a que la incorporación de estas herramientas no se traduzca en despidos.

En el ámbito laboral, plantea otorgar a los comités de empresa capacidad para aprobar o vetar los sistemas de IA destinados a vigilar u organizar el trabajo; así como regular la gestión algorítmica y garantizar el derecho a una revisión humana cuando estos sistemas intervengan en sanciones o despidos.

El FA aboga por prohibir el uso de algoritmos de IA para fijar automáticamente los precios de los alquileres, con sanciones de hasta el 10% de la facturación para quienes incumplan la prohibición. En el sector público, defiende una ley de buen uso de la inteligencia artificial que incluya un inventario obligatorio de los sistemas utilizados y prohíba los chatbots que simulen vínculos afectivos.

A estas medidas suma la creación de una Nube soberana, un registro abierto de IA pública y un Fondo Soberano Europeo de Inteligencia Artificial, que se financiaría mediante un impuesto del 50% sobre las acciones de grandes empresas tecnológicas.

Por último, Vox centra su tiro en la productividad y la reducción de la burocracia. Su programa plantea incorporar a España a la carrera internacional por la inteligencia artificial para impulsar el crecimiento económico, elevar la productividad y favorecer la creación de empleo de calidad.

La formación de extrema derecha propone facilitar la adopción de herramientas de IA en las empresas, con especial atención a pymes y autónomos, y promover la formación de trabajadores y jóvenes. También apuesta por implantar estas tecnologías en la Administración para agilizar trámites y simplificar procedimientos, aunque establece que debe mantenerse la atención presencial obligatoria.