Además de exigir la retirada de los tres decretos-ley que el Congreso examina este miércoles, Junts planteó también otra reforma, la de la Ley de Sociedades de Capital. El portavoz de la formación que dirige desde Bruselas Carles Puigdemont, Josep Rius, reclamó el lunes otro decreto-ley para “revertir” el aprobado en octubre de 2017, que facilitó el traslado de empresas fuera de Cataluña, días después del referéndum de independencia del 1-O.
El planteamiento de Junts es que las empresas que hayan permanecido desde entonces en Cataluña o decidan volver accedan a ayudas e incentivos fiscales y que las que decidieron trasladar su sede social y no vuelvan sean sancionadas.
¿Cuál es la reforma que aprobó el Gobierno de Rajoy?
El 6 de octubre de 2017, apenas cinco días después del referéndum del 1-O, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó el Decreto-ley 15/2017 para reformar la Ley de Sociedades de Capital en un único artículo (285.2).
La reforma habilitó a los consejos de administración de todas las empresas para decidir el traslado de la sede social, sin necesidad de esperar a la junta general.
Estos traslados ya podían ser decididos por los consejos de administración, salvo que los estatutos dijeran lo contrario, gracias una reforma aprobada en 2015 (antes el consejo únicamente podía decidir un cambio de sede dentro del mismo término municipal).
Sin embargo, la reforma de 2017 contempló una disposición transitoria para dejar sin validez estas disposiciones contrarias en los estatutos de las empresas, al entender como válidas únicamente aquellas aprobadas a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Es decir, que a partir de la aprobación del decreto-ley todas las empresas pudieron decidir su traslado sin esperar a la junta general de accionistas, incluso aquellas con estatutos en los que dispusieran expresamente lo contrario.
El acuerdo PSOE-Junts
El retorno de las empresas que marcharon entonces fue uno de los puntos en la negociación de PSOE y Junts para la investidura para Pedro Sánchez.
El acuerdo, sin embargo, no contempló la reforma de la Ley de Sociedades de Capital como ahora exigen los de Puigdemont.
Concretamente, ambas formaciones plantearon “un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años”.
Qué plantea ahora el PSOE
En rueda de prensa este martes en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha reconocido conversaciones con Junts para estudiar cómo propiciar el retorno de empresas, pero ha recordado también que la ley ya contiene obligaciones a este respecto.
Preguntado por la exigencia de Junts, ha defendido medidas que faciliten el retorno de las empresas, asegurar el cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital y la garantía de la seguridad jurídica.
Respecto al cumplimiento de la ley, López ha citado el artículo 9 de la ley, que regula el domicilio de las empresas.
Este artículo establece que las sociedades que tengan su principal establecimiento o explotación dentro de España deberán tener su domicilio dentro del país.
Y que este domicilio deberá fijarse en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o donde radique su principal establecimiento o explotación.
López no ha querido abundar en más detalles acerca de la postura de su formación. Fuentes de la dirección del grupo admiten, eso sí, que no ven con buenos ojos la imposición de sanciones, tal y como plantean desde Junts para las empresas que no decidan volver, poniendo incluso en duda su legalidad y su encaje con la normativa europea.