Un informe elaborado por el Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) determina que el consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, está sujeto, por un deber de carácter imperativo y con rango constitucional, a acudir al control parlamentario.
El criterio de los Servicios Jurídicos se solicitó después de que, en el Pleno de este martes, el consejero abandonara la sesión tras anunciar que suspendía sin plazo su presencia en las comparecencias de control parlamentario hasta que los grupos de la oposición desbloqueasen la tramitación de una norma en materia de vivienda.
“Un Gobierno que nace de la Cámara, pero que decide por sí mismo cuándo responde ante ella, ha dejado de ser, en esa medida, un Gobierno parlamentario”, recuerda el informe del Letrado Mayor, al que ha tenido acceso Europa Press y que fue analizado en la Junta de Portavoces en una reunión de casi dos horas.
El texto concluye que el anuncio del consejero de interrumpir indefinidamente su sometimiento al control de la Cámara no tiene ningún apoyo ni cobertura en el ordenamiento jurídico, dado que comparecer ante el Parlamento constituye un deber jurídico, constitucional y estatutario, de carácter imperativo e indisponible, tanto para el Consejo de Gobierno como para cada uno de sus integrantes, y no una opción que puedan decidir unilateralmente.
“Un Consejero no puede 'suspender' su relación con la Junta General, del mismo modo que la Junta General no podría 'suspender' las relaciones que constitucional y estatutariamente le corresponden con el Presidente y el Consejo de Gobierno como órganos institucionales de la Comunidad Autónoma”, añade el documento.
Advertencia al Consejo de Gobierno
Además, el Letrado Mayor subraya que el anuncio de Zapico no puede considerarse un “asunto particular” del consejero, ya que, por el carácter solidario de la responsabilidad política, afecta al Consejo de Gobierno en su conjunto y sitúa a su presidente, Adrián Barbón, ante la necesidad de fijar posición.
“Lo que sí cabe afirmar es que, si la situación no se reconduce, la negativa difícilmente podrá seguir considerándose una decisión individual y pasará a ser imputable al Consejo de Gobierno en su conjunto”, concluye el informe.