La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha acudido este viernes a la Comisión Parlamentaria de Salud para exponer el proyecto de Ley de Salud Pública del Principado de Asturias, una propuesta normativa de carácter estratégico y de futuro, “largamente trabajada, ampliamente reflexionada y profundamente necesaria para afrontar los retos de salud de nuestro tiempo”.
Durante su intervención, Saavedra ha querido dejar claro que “Quiero decir con claridad que esto no es una ley ideológica, ni una ley concebida para incrementar la burocracia sanitaria, sino que esto es una ley que nace para proteger la salud de los asturianos y asturianas”, subrayando que el objetivo central del texto es reforzar la protección de la ciudadanía.
La responsable de Salud ha remarcado que con esta ley se pretende preparar a Asturias para los desafíos sanitarios de las próximas décadas y ha expresado su confianza en que, a través del diálogo entre los grupos y la búsqueda de consensos, se logrará culminar una norma que se convierta en una herramienta clave para avanzar hacia una Asturias más saludable.
En su explicación, la consejera ha detallado que “La ley lo que quiere transmitir es que nosotros defendemos en Asturias un sistema sanitario público, pero además un sistema sanitario que refuerce y que se anticipe y que, por lo tanto, trabaje mucho más en antes, en esa prevención y promoción de la salud”, insistiendo en la importancia de actuar antes de que aparezcan los problemas de salud.
Saavedra ha señalado también que el proyecto llega a la Cámara con un armazón sólido, fruto de un trabajo prolongado, si bien ha admitido que el texto es susceptible de incorporar aportaciones de todos los grupos parlamentarios para perfeccionarlo a lo largo de la tramitación.
Posturas de los grupos parlamentarios
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, ha recordado que para su formación “evidentemente la salud pública es demasiado importante como para quedarse en una mera declaración de intenciones”.
Fernández Pardo ha advertido de que “No se trata aprobar una ley para anunciar que Asturias dispone de un nuevo instrumento normativo, se trata de asegurar que ese instrumento tenga capacidad real para proteger la salud de nuestra población”, reclamando que el contenido tenga efectos tangibles sobre la ciudadanía.
La parlamentaria popular ha añadido, además, que “tienen el compromiso del Grupo Parlamentario de que van a trabajar para intentar mejorar este proyecto de ley y que lo vamos a hacer vía enmiendas”, avanzando que presentarán propuestas concretas para modificar el texto.
Por parte de Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco ha advertido de que una ley de este tipo “no puede quedarse únicamente en declaraciones de buenas intenciones”.
En esta línea, Álvarez Rouco ha recalcado que se requieren “medidas concretas, financiación suficiente y también se necesitan profesionales y mecanismos que garanticen su cumplimiento”. “La cuestión es cómo pretende el Gobierno proteger a la salud pública”, ha manifestado Sara Álvarez Rouco, cuestionando la capacidad real del Ejecutivo para poner en marcha lo previsto en la norma.
Desde el Grupo Mixto, la diputada Covadonga Tomé ha subrayado que Asturias pasará a ser la novena comunidad autónoma en dotarse de una ley propia de salud pública, algo que, a su juicio, constituye una “excelente noticia”.
Tomé ha apuntado que “Es una ley, además, que el paso del tiempo, las circunstancias extraordinarias como la pandemia COVID-19 y el día a día de nuestras sociedades en continuo cambio nos ha demostrado que es totalmente necesaria. Y es una ley que nos gusta, que está enfocada en la prevención y la reducción de desigualdades, la promoción de hábitos saludables a lo largo de toda la vida y en diferentes entornos, además”, destacando su orientación preventiva y su enfoque en la equidad.