Os piores terremotos de Granada: onde se situa o de hoje?

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) no tramita los terremotos históricos mediante un procedimiento administrativo “de expediente y resolución” como ocurre con una ley o con un bien de interés cultural. Lo que muestran las fuentes consultadas es que la clasificación oficial de los seísmos —incluidos los históricos— se basa en un trabajo técnico y científico continuo de la Red Sísmica Nacional, que detecta, valora y registra los eventos en un catálogo que se va actualizando sin un trámite de aprobación caso por caso publicado en el BOE.

Dicho de otro modo: el “reconocimiento oficial” de un terremoto histórico en España es el hecho de que aparezca incorporado y caracterizado en los productos y bases de datos del IGN (catálogo de terremotos, mapas de peligrosidad, aplicaciones como IGN Terremotos), no una resolución singular aprobada por un órgano político.

1. Rol institucional del IGN y de la Red Sísmica Nacional

Las fuentes coinciden en que el IGN, a través de la Red Sísmica Nacional (RSN), es la referencia oficial para la información sísmica en España:

• La prensa especializada recuerda que el IGN y su Red Sísmica Nacional “son la referencia oficial para determinar dónde se ha producido un terremoto, su magnitud, profundidad y características” y que “el catálogo se actualiza continuamente conforme llegan nuevos datos” (artículo sobre el terremoto de Granada).
• El Ministerio de Transportes subraya en el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcanológica y de Otros Fenómenos Geofísicos que el IGN preside el grupo de trabajo técnico y coordina a decenas de entidades científicas para mejorar la detección, valoración y comunicación de terremotos (nota oficial del 4‑3‑2025).
• En el ámbito ciudadano, el propio Gobierno presenta la aplicación “IGN Terremotos” como la vía para consultar la información oficial de la RSN, incluida la sismicidad histórica, a través de servicios abiertos de datos geográficos (noticia sobre aplicaciones del CNIG).

Todo esto apunta a un modelo en el que la clasificación de terremotos —pasados y presentes— es una función científico‑técnica del IGN, no un procedimiento jurídico de clasificación singular.

2. Cómo se construye esa “clasificación oficial” en la práctica

A partir de las fuentes, se pueden identificar varios pasos técnicos que, combinados, equivalen de facto a los “trámites y procedimientos” para considerar un terremoto como oficialmente reconocido:

• Detección y localización: la RSN opera redes de estaciones sísmicas distribuidas por el territorio. Cada evento detectado se localiza (epicentro), se estima su profundidad y se calcula una magnitud preliminar. Esta fase está descrita de forma general en notas donde se explica el papel del IGN en la detección de terremotos y maremotos, y en la participación de redes internacionales.
• Revisión y actualización de parámetros: en varios artículos se indica que los datos de un seísmo se revisan a medida que llega nueva información y que “durante la madrugada se han producido revisiones de algunos parámetros” en casos recientes (Granada). Es decir, no hay una única “decisión” cerrada, sino refinamientos sucesivos del registro.
• Integración en el catálogo sísmico: las notas y artículos insisten en que el IGN mantiene “mapas de sismicidad y peligrosidad” que recogen tanto la actividad reciente como los grandes episodios históricos, y que ese catálogo se actualiza constantemente. Que un terremoto aparezca recogido con magnitud, localización e intensidad resumida en esos productos es, en la práctica, su clasificación oficial como evento sísmico histórico relevante.
• Coordinación con otras instituciones: el Plan Nacional de Vigilancia destaca la existencia de subgrupos para peligros sísmicos, tsunamis e inestabilidad del terreno, donde participan numerosas universidades y organismos técnicos, y subraya la necesidad de “fortalecer la colaboración de todas las instituciones competentes” (MITMA). Para la serie sísmica de Cádiz y Málaga, por ejemplo, se explica que el Instituto Geológico y Minero de España colabora con el IGN analizando al minuto el origen y las amenazas de la serie (análisis sobre Cádiz y Málaga).
• Difusión pública como registro de referencia: además de la app IGN Terremotos y de los servicios web de datos, los informes del IGN sobre zonas como Almería o el mar de Alborán citados en la prensa repasan explícitamente los grandes terremotos de siglos pasados y les asignan intensidades históricas estimadas, integrándolos en mapas y estudios de peligrosidad. Esa presencia reiterada en los productos oficiales es lo más cercano a una “clasificación” de terremotos históricos.

3. Qué NO parece existir según las fuentes consultadas

En la documentación revisada no aparece:

• Un real decreto o una orden ministerial que detalle un “procedimiento administrativo” específico para reconocer o “homologar” terremotos históricos uno por uno.
• Un catálogo de sismicidad histórica sometido a aprobación periódica en el Consejo de Ministros o publicado como anexo normativo actualizado por vía reglamentaria.
• Un trámite de iniciativa ciudadana o de otras administraciones para “proponer” que un evento pasado sea incorporado como terremoto histórico.

Todo apunta a que estamos ante un procedimiento interno eminentemente científico: el IGN compila, analiza y revisa la información disponible (registros instrumentales, documentación histórica, estudios geológicos) y, cuando considera suficientemente acreditado un episodio, lo incorpora con sus parámetros estimados a sus bases y mapas. Esa inclusión y su uso en planes de protección civil y normas técnicas es lo que, en la práctica, le otorga el carácter de terremoto histórico oficialmente reconocido en España.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es el organismo técnico de referencia en España para la vigilancia, registro y evaluación de la actividad sísmica y, en coordinación con otros actores, para la detección de fenómenos que puedan generar tsunamis. Sus competencias combinan funciones de observación instrumental, análisis científico, generación de información oficial y apoyo a los sistemas de alerta y protección civil.

Vigilancia y registro de la actividad sísmica

El principal instrumento del IGN en este ámbito es la Red Sísmica Nacional (RSN), que constituye el sistema de observación continua de los terremotos que afectan al territorio español. De acuerdo con las notas oficiales, la RSN es la referencia para determinar de forma rápida y homogénea dónde se ha producido un terremoto, su magnitud, su profundidad y otras características básicas. Esta información se difunde como dato oficial y se actualiza conforme se incorporan nuevas observaciones y revisiones técnicas.

En las informaciones recientes sobre seísmos en España se destaca que el IGN mantiene un catálogo actualizado de terremotos, revisando los parámetros de los eventos a medida que mejora el ajuste de los datos y se analizan réplicas y nuevas señales de sus estaciones. Además, el IGN elabora mapas de sismicidad y peligrosidad que muestran en qué zonas del país se concentra la actividad sísmica, herramienta clave para la planificación y la normativa sismorresistente, tal y como se recuerda en análisis sobre el riesgo sísmico en España publicados por el periódico Demócrata.

En el ámbito de la difusión pública y la transparencia, el Centro Nacional de Información Geográfica, vinculado al IGN, ofrece aplicaciones abiertas como “IGN Terremotos”, que permiten consultar la actividad sísmica registrada y acceder a los datos oficiales en tiempo casi real, según detalla el portal de la Administración electrónica española (información sobre aplicaciones del CNIG).

Planificación y mejora de los sistemas de vigilancia

El IGN no solo explota redes e instrumentos, sino que también asume un papel de planificación estratégica. El Consejo de Ministros aprobó en 2025 el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcanológica y de Otros Fenómenos Geofísicos, cuya elaboración fue encargada y ejecutada por el propio IGN, según la nota oficial del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (nota sobre el Plan Nacional de Vigilancia Sísmica).

Este plan prevé 58 medidas para reforzar las redes de vigilancia de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y otros fenómenos geofísicos, así como para mejorar los sistemas de comunicación y respuesta. En él se indica que la Red Sísmica Nacional desarrollará herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar las alertas tempranas en caso de terremotos, y se subraya la necesidad de coordinar los distintos sistemas de observación para que funcionen como un único sistema integrado, reduciendo los tiempos de aviso y mejorando la gestión de emergencias.

Competencias en materia de tsunamis y maremotos

En relación con los tsunamis, las funciones del IGN se recogen explícitamente en normativa y convenios publicados en el Boletín Oficial del Estado. En la Resolución de 13 de octubre de 2025, que publica un convenio entre el IGN y el consorcio SOCIB para la monitorización del nivel del mar, se recuerda que, de acuerdo con el Real Decreto 253/2024 sobre la estructura del Ministerio, el IGN tiene entre sus funciones:

• La planificación y gestión de los sistemas de vigilancia, comunicación y alerta a las instituciones de los maremotos que puedan afectar a las costas españolas, así como la participación en redes internacionales de alerta de tsunamis.
• La planificación y gestión de la red de mareógrafos y otras redes geodésicas asociadas, fundamentales para medir variaciones del nivel del mar y apoyar los sistemas de alerta.

La misma resolución recuerda que, conforme al Real Decreto 1053/2015, la Red Sísmica Nacional, dependiente del IGN, forma parte del Sistema Nacional de Alerta ante Maremotos y actúa como el órgano encargado de detectar, valorar e informar en primera instancia sobre los fenómenos que, por sus características, pudieran producir maremotos (convenio IGN–SOCIB sobre maremotos).

Relación con otras administraciones y protección civil

A partir de estas competencias, el IGN proporciona la base técnica sobre la que se apoyan los sistemas de protección civil. En las comunicaciones oficiales y en la cobertura de episodios recientes —como el terremoto de Granada de 2026— se destaca que el IGN y la Red Sísmica Nacional son la referencia oficial cuyos datos utilizan las autoridades para declarar fases de emergencia, evaluar daños potenciales y decidir posibles medidas preventivas.

En síntesis, respecto a la gestión y registro de la actividad sísmica y de los fenómenos potencialmente tsunamigénicos, el IGN: vigila mediante redes instrumentales especializadas, registra y cataloga los terremotos, analiza y evalúa su peligrosidad, planifica y mejora las redes y sistemas de alerta, y emite información oficial temprana que alimenta los protocolos de protección civil y la cooperación internacional.

En España, la reconstrucción de edificaciones tras un terremoto no se regula por una única “ley sísmica”, sino por un conjunto de normas técnicas de edificación, urbanismo y protección civil, a las que se añaden disposiciones específicas de ayudas cuando se declara una zona catastrófica o “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”.

1. Exigencias técnicas de seguridad estructural y sísmica

El pilar básico es el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (texto en BOE). El CTE desarrolla, para los edificios, los requisitos de:

• Seguridad estructural (Documentos Básicos DB-SE y DB-SE-AE, entre otros), que obligan a que el edificio se proyecte y ejecute de forma que soporte las acciones previsibles, incluyendo el sismo como acción a considerar en el cálculo estructural.
• Otros requisitos ligados a la reconstrucción, como seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, accesibilidad y habitabilidad.

Como normativa sismorresistente específica, sigue vigente el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE‑02) (NCSE‑02). Su artículo 2 establece que:

• Se aplica a todos los proyectos y obras de construcción relativos a edificación y, en lo que proceda, a otros tipos de construcciones mientras no exista normativa específica.
• Fija aceleraciones sísmicas básicas por municipios y reglas de diseño y cálculo para que el comportamiento ante terremotos evite consecuencias graves para la seguridad de las personas y pérdidas económicas excesivas.

Para puentes, rige además el Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, que aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP‑07) (NCSP‑07), complementando a la NCSE‑02 con criterios específicos de respuesta sísmica de puentes.

2. Ordenación del suelo, licencias y actuaciones de rehabilitación y sustitución

En la fase de reconstrucción, además de cumplir la normativa sísmica, es imprescindible respetar las reglas urbanísticas. La norma básica estatal es el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación UrbanaTRLSRU).

El TRLSRU:

• Define las “actuaciones sobre el medio urbano”, incluyendo las de rehabilitación edificatoria y las de regeneración y renovación urbanas, que pueden abarcar la nueva edificación en sustitución de edificios demolidos.
• Fija condiciones básicas comunes (derechos y deberes de los propietarios, criterios de sostenibilidad y calidad de vida) que deben respetar las leyes urbanísticas autonómicas.

En la práctica, cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento desarrolla esta base mediante sus propias leyes urbanísticas y planes generales, que determinan:

• Si la reconstrucción puede hacerse en la misma volumetría y uso, o si se exigen adaptaciones (alineaciones, alturas, retranqueos, etc.).
• La necesidad de licencia urbanística para obras de reparación, reforzamiento o reedificación; en algunos supuestos de ruina o peligro se prevén procedimientos abreviados.

3. Protección civil: declaración de zona catastrófica y ayudas

En el plano de protección civil y ayudas, la norma central es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015). Esta ley:

• Prevé la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” por acuerdo del Consejo de Ministros.
• Vincula a esa declaración la posibilidad de establecer, entre otras, ayudas económicas por daños en vivienda habitual, subvenciones para infraestructuras municipales y medidas fiscales (exenciones en IBI, reducciones en IAE, líneas de crédito preferenciales, etc.).
• Establece que los daños materiales deben ser ciertos, evaluables y normalmente asegurados, y que las ayudas se otorgan como contribución al restablecimiento de la normalidad, sin carácter indemnizatorio pleno.

A partir de esta ley, en cada desastre se aprueban reales decretos‑ley y órdenes específicas que concretan ayudas y procedimientos. Por ejemplo, el Real Decreto‑ley 11/2012, de 30 de marzo, sobre Lorca (Lorca), reguló un sistema extraordinario de pago de ayudas y mecanismos para la reconstrucción de viviendas demolidas y de locales, incluyendo la posibilidad de ejecución forzosa de la reconstrucción con un agente edificador público (SEPES).

4. Síntesis práctica de requisitos

En consecuencia, para reconstruir una edificación dañada por seísmo en España se exige, al menos:

• Proyecto y obra ajustados al CTE y a la normativa NCSE‑02 (y, en su caso, NCSP‑07 u otras normas técnicas sectoriales), incorporando el riesgo sísmico local.
• Cumplimiento de la normativa urbanística autonómica y municipal y obtención de la licencia correspondiente, dentro del marco básico del TRLSRU.
• En situación de catástrofe, aplicación de la Ley 17/2015 y de los reales decretos‑ley y órdenes dictados para el evento concreto, que condicionan el acceso a ayudas públicas, los beneficios fiscales y, en su caso, figuras de reconstrucción forzosa o programas especiales de rehabilitación.

Sobre este armazón estatal se superponen normas autonómicas y locales que concretan plazos, procedimientos y detalles técnicos adicionales.