La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) ha puesto de manifiesto, coincidiendo con el segundo aniversario de la Ley ELA, la existencia de una “grave asimetría y fragmentación territorial” en la forma en que las comunidades autónomas están aplicando la norma.
La organización señala que los adelantos económicos que deben asumir los hogares, la incompatibilidad con determinadas prestaciones familiares y la ausencia de fisioterapia pública hacen que las ayudas no lleguen de manera efectiva a los domicilios.
De acuerdo con el “2º Informe de Evaluación de la Implementación Ley ELA” presentado en el Congreso de los Diputados, el marco estatal fijó un suelo garantizado de 4.930 euros mensuales y elevó hasta los 9.859 euros las ayudas destinadas al Grado III+ de dependencia extrema. Sin embargo, la llegada real de estos recursos se ve afectada por “bloqueos heterogéneos” en función del territorio.
El documento detalla que el 35,29 por ciento de las comunidades autónomas obliga a las familias a adelantar el coste de los servicios y aguardar al reembolso una vez presentadas las facturas. Esto implica desembolsar entre 3.200 y 9.859 euros al mes de su propio bolsillo antes de recibir la subvención, un filtro económico que, según el informe, excluye del sistema a los hogares sin ahorros. En contraste, 11 autonomías salvaguardan la liquidez familiar mediante pagos por adelantado o cediendo el cobro directamente a las empresas prestadoras.
ConELA advierte igualmente de que, en la mayoría de los territorios, el acceso a las prestaciones del Grado III+ se considera incompatible con la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF). Esta circunstancia, subraya, obliga a numerosos hogares a renunciar a las nuevas ayudas para evitar que la persona cuidadora principal pierda su convenio especial con la Seguridad Social y, con ello, sus cotizaciones de cara a la jubilación.
La confederación denuncia además la rigidez de los requisitos formativos exigidos a las figuras de asistencia personal, ya que la mayor parte de las autonomías no contempla periodos de gracia para que los cuidadores habituales puedan acreditarse. El informe destaca que muchas empresas convencionales de ayuda a domicilio no disponen de personal preparado para manejar soportes vitales invasivos, ventilación mecánica o nutrición por sonda, lo que en numerosos casos obliga a las propias familias a formar a las auxiliares.
En relación con el copago, 11 de las 17 comunidades han eliminado formalmente esta aportación en el Grado III+, mientras que territorios como Cataluña, Canarias, Álava o Murcia mantienen deducciones ligadas a la renta o al régimen ordinario.
Por último, la entidad reprocha el incumplimiento generalizado de la cartera común de fisioterapia domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud. Según los datos recabados, Cataluña es la única comunidad que ofrece una cobertura pública regulada (dos horas semanales), mientras que en el resto del país las familias dependen por completo del apoyo del tejido asociativo.