La asociación El Defensor del Paciente afirma que está recibiendo “cientos de denuncias” de afectados a los que se les han anulado “cirugías oncológicas, pruebas diagnósticas urgentes, consultas de seguimiento de enfermedades graves y tratamientos de rehabilitación” a raíz de la huelga de médicos.
La presidenta de la organización, Carmen Flores, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo. En ella respalda el “derecho fundamental a la huelga”, pero advierte de que la situación se ha vuelto “insoportable” por la “falta de cumplimiento de servicios mínimos”.
Flores alerta de que el parón está generando un “daño irreparable” en los pacientes más frágiles y reclama a la ministra que intervenga para impedir que se sigan suspendiendo cirugías oncológicas y pruebas diagnósticas urgentes. Además, solicita la puesta en marcha de un comité de crisis operativo 24 horas, con la participación de asociaciones de pacientes, para valorar individualmente los casos de personas que están quedando sin atención.
La asociación insta también a García a cerrar un acuerdo que ponga fin a la huelga, recordando que “es la garante del derecho a la salud”. “Le pedimos que actúe antes de que tengamos que ir a Fiscalía por omisión del deber de socorro”, subraya en la misiva.
En el escrito remitido al presidente del CGCOM, Carmen Flores recalca la obligación de respetar los servicios mínimos y reclama a la corporación colegial que envíe una instrucción urgente a todos los colegios de médicos. En dicha instrucción, pide que se recuerde la responsabilidad deontológica de asegurar la asistencia a pacientes oncológicos, menores, mujeres embarazadas, urgencias vitales, pacientes crónicos descompensados y tratamientos que no admiten demora.
Asimismo, solicita que se abra expediente deontológico a los médicos que suspendan actos clínicos que puedan poner en peligro la vida o provocar un daño irreparable al enfermo. Igualmente, exige al CGCOM un posicionamiento público para “separar el derecho a huelga del abandono de pacientes, porque se está criminalizando a toda la profesión por la actuación de algunos”.