La asociación El Defensor del Paciente ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que solicita al Ejecutivo “que emita una instrucción dirigida a todas las comunidades autónomas para que cesen los cobros por televisión y servicios básicos de telecomunicación durante el ingreso hospitalario”.
El propósito de esta iniciativa es “solicitar la actuación del Gobierno en lo que consideramos un abuso y un copago encubierto en el cobro de un servicio publico que no está en ninguna normativa”, según recoge la misiva firmada por su presidenta, Carmen Flores. En el escrito se detalla que “es público y notorio que la mayoría de hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) cobran a los pacientes ingresados entre cuatro y seis euros, mínimo, diarios” por disponer de estos servicios.
Según la entidad, “este cobro se realiza mediante contratos de concesión con empresas privadas, sin que se ofrezca alternativa gratuita”. Añade que “el paciente ingresado, que no puede abandonar el centro, se ve obligado a pagar para acceder a un servicio básico de ocio y comunicación durante su estancia”, reiterando que “esta práctica constituye un copago encubierto contrario al artículo 7 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del SNS, que establece la gratuidad de las prestaciones sanitarias en el momento de su uso”.
Crítica al modelo de financiación y a la equidad territorial
El Defensor del Paciente recuerda que el sistema sanitario “se financia con fondos públicos transferidos a las CCAA a través del Fondo de Garantía”, y advierte de que “permitir que las CCAA utilicen esos fondos para externalizar servicios y generar copagos a los usuarios supone una desvirtuación del modelo de financiación y una quiebra del principio de equidad territorial recogido en el artículo 2 de la citada ley”.
La asociación apela también al artículo 14 de la Constitución, que “prohíbe la discriminación por situación económica”. A su juicio, “cobrar por ver la 'tele' durante un ingreso implica que el acceso a información y ocio depende de la renta del paciente”, remarcando que, si un paciente es “económicamente débil”, este “se ve obligado, por su situación, a estar meses mirando al techo”.
Petición de revisión de contratos y fin de los cobros
Por este motivo, la organización exige “que el Ministerio de Sanidad, en ejercicio de sus competencias de alta inspección y garantía de cohesión del SNS, emita una instrucción dirigida a todas las CCAA para que cesen los cobros por televisión y servicios básicos de telecomunicación durante el ingreso hospitalario”. Considera igualmente “que se revise la legalidad de los contratos de concesión vigentes con las empresas que prestan este servicio, al existir indicios de que podrían contravenir la normativa de gratuidad del SNS”.
En la carta se advierte de que “la salud de los ciudadanos no puede quedar en manos de esta falta de autorregulación y control que conlleva abusos en servicios públicos”, y se concluye expresando la confianza de la asociación en el “buen criterio” y “sentido de la responsabilidad para con los ciudadanos” de la Administración para que atienda la reclamación planteada.