El Defensor del Pueblo ha reclamado al Ministerio de Sanidad información detallada sobre las condiciones de acceso y la financiación pública de los únicos tratamientos aprobados actualmente en Europa capaces de frenar la progresión del Alzheimer en sus fases iniciales, según ha comunicado la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA).
Esta actuación se produce como respuesta a la queja presentada por CEAFA el pasado mes de septiembre, en la que la entidad denunciaba la situación de inequidad generada en España tras la decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de no incluir en la financiación pública los fármacos lecanemab y donanemab.
El Defensor del Pueblo ha indicado que ya se ha dirigido formalmente al Ministerio de Sanidad para recabar información sobre este asunto y ha subrayado que mantiene un seguimiento activo tanto de este caso como de las resoluciones que adopten las distintas administraciones implicadas. Asimismo, se ha comprometido a informar a CEAFA de cualquier novedad o avance significativo que se produzca.
Además, la institución se ha mostrado dispuesta a mantener una reunión con la confederación, si bien ha aclarado que, por el momento, su agenda no permite fijar una fecha concreta. Desde CEAFA han expresado su agradecimiento por esta disposición y permanecerán a la espera de poder cerrar dicho encuentro.
“Agradecemos la atención del Defensor del Pueblo y su seguimiento de esta cuestión. Confiamos en que el encuentro nos permita explicarle de primera mano lo que supone para las personas con Alzheimer quedarse fuera de una opción terapéutica autorizada. Mientras tanto, seguiremos trabajando para que el acceso a estos tratamientos no dependa de la capacidad económica de cada paciente”, ha afirmado el director de CEAFA, Jesús Rodrigo.
Rechazo a la financiación y riesgo de inequidad
CEAFA elevó su queja al Defensor del Pueblo tras la decisión de la CIPM, que el 15 de julio denegó la financiación pública de estos medicamentos. Para la confederación, esta negativa implica una diferencia en el acceso a los tratamientos en función de la capacidad económica de cada persona afectada por Alzheimer.
En el escrito remitido a la institución, la organización advertía de que estos fármacos solo pueden administrarse en las fases tempranas de la enfermedad, por lo que cada mes de demora en su disponibilidad puede conllevar la pérdida irreversible de la oportunidad terapéutica para numerosos pacientes.
CEAFA sostenía igualmente que esta situación tiene impacto directo sobre el ejercicio de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución, y pedía que se analizara el caso a la luz del artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover una igualdad real y efectiva entre la ciudadanía.
La confederación invocaba, además, los principios de equidad, igualdad efectiva y reducción de las desigualdades en salud establecidos en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías del artículo 49 de la Constitución en materia de autonomía personal, dado que una parte importante de las personas con Alzheimer se encuentran, o podrían llegar a encontrarse, en situación de discapacidad o dependencia.