El Sindicato Médicos Unidos (SMU) ha anunciado una huelga de alcance nacional y autonómico entre el 16 y el 27 de noviembre con el objetivo de presionar para la aprobación de un Estatuto del Médico que ordene las condiciones específicas de la profesión en todo el territorio.
La organización ha explicado que la protesta se articula en torno a tres metas principales: sacar adelante un Estatuto del Médico que fije una base común de condiciones profesionales en todo el país; exigir al Gobierno una financiación “extraordinaria y finalista” que haga viables las mejoras; y reclamar a las comunidades autónomas actuaciones “inmediatas” que alivien la situación laboral de los facultativos mientras se tramita y aplica la nueva norma a escala estatal.
Respecto al Estatuto del Médico, el sindicato subraya que debe ser una norma de ámbito nacional que regule las particularidades del ejercicio profesional. En este sentido, reclama que el colectivo cuente con un espacio propio de negociación con la administración y rechaza que sus especificidades se integren en un marco general junto a otras categorías laborales.
Para el Sindicato Médicos Unidos, el futuro Estatuto ha de incluir, entre otros aspectos, el salario médico, la jornada y los descansos, la continuidad asistencial, la formación continuada, la carrera profesional y la jubilación. “Esta regulación es necesaria para establecer una base común de condiciones dignas para todos los médicos, con independencia de la región en la que trabajen”, ha asegurado.
Del mismo modo, el sindicato sostiene que la mejora de las condiciones laborales de la profesión “no puede abordarse únicamente mediante declaraciones de voluntad”. Por ello, reclama la elaboración de una memoria económica “rigurosa” y una financiación “extraordinaria y finalista” que “permita afrontar los cambios necesarios, y garantizar que las medidas se traduzcan en mejoras reales”.
“Esta financiación deberá hacer posible el refuerzo de las plantillas, la transformación del actual sistema de guardias, una remuneración adecuada de todas las horas de trabajo médico y la recuperación del poder adquisitivo perdido”, ha apuntado, advirtiendo también de que “cualquier reforma que no incorpore una previsión económica suficiente corre el riesgo de quedarse en una mera declaración de intenciones”.
La convocatoria persigue igualmente que las administraciones autonómicas adopten medidas “de forma inmediata” para mejorar la situación de los médicos mientras se tramita el Estatuto del Médico. Entre estas actuaciones, el sindicato plantea la puesta en marcha de mesas de negociación específicas para la profesión y la extensión de la jornada de 35 horas semanales en los territorios donde aún no se ha implantado. Asimismo, demanda dotaciones de personal adecuadas para cubrir las necesidades asistenciales “sin recurrir sistemáticamente al sobresfuerzo de los médicos”.
Impacto del ciclo electoral y llamamiento al diálogo
En opinión de la organización, la convocatoria de elecciones generales y la existencia de un Gobierno en funciones “no justifican aplazar la respuesta al conflicto médico”. Aunque será el próximo Ejecutivo quien deba encarar el problema, el sindicato considera que los ministerios de Sanidad y Trabajo “siguen siendo interlocutores institucionales válidos dentro de las competencias que conservan durante este periodo”.
Al mismo tiempo, recuerda que las administraciones autonómicas continúan “plenamente operativas” para negociar y poner en marcha medidas en sus respectivos ámbitos. “Además, el periodo electoral ofrece, a todas las formaciones políticas, la oportunidad de realizar compromisos públicos explícitos sobre un futuro Estatuto del Médico que mejore las condiciones laborales de toda la profesión”, ha recalcado.
El sindicato también ha enfatizado que “la movilización debe servir para obtener compromisos concretos y abrir una vía de negociación efectiva”. “A ninguna de las partes le interesa que el conflicto se prolongue”, ha expuesto.
Por último, ha dirigido un llamamiento a las administraciones central y autonómicas “para que asuman su responsabilidad, abran vías de negociación y ofrezcan respuestas reales a las demandas del colectivo”. A su juicio, “la profesión médica y la sanidad española necesitan soluciones estructurales e inmediatas que frenen la degradación actual que afecta, sobre todo, a los pacientes”, ha concluido.