Durante la jornada 'Transformando la compra pública sanitaria mediante el valor social y medioambiental', celebrada en el Espacio Comet de Madrid con el impulso de Ferrer y la colaboración de Vinces Consulting, se presentó el decálogo 'Transformando la compra pública de medicamentos. La incorporación del valor social y medioambiental'. El documento se plantea como una herramienta que oriente la incorporación y la aplicación de criterios sociales y medioambientales en la compra pública de medicamentos.
Cada uno de sus diez principios se acompaña de las referencias normativas y los instrumentos que orientan su aplicación, desde la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva 2014/24/UE hasta la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026. El punto de partida es que la compra pública de medicamentos tiene una dimensión estratégica: cada decisión de contratación orienta los esfuerzos de las empresas y determina qué contribuciones reconoce el sistema sanitario.
🔎 #ENDIRECTO | Comienza la jornada sobre la incorporación de criterios sociales y medioambientales a la adquisición pública de medicamentos organizada por la farmacéutica @ferrerforgood y la consultora @VincesAffairs Consulting.
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La bienvenida corrió a cargo de David Martorell, Country Manager para España de Ferrer, y el discurso inaugural, de Rafael Vilasanjuan, presidente de Ashoka. La moderación de la jornada estuvo a cargo de Carmen Obregón, periodista de DEMÓCRATA.
Una mirada transversal al modelo de compra
La primera mesa de la jornada se abrió con la ponencia de César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad. En el debate han participado José María Gimeno, codirector del Observatorio de Contratación Pública; Marta Anglada, Chief Social Justice Officer de Ferrer; Miguel Ángel Calleja, facultativo del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves; Eloína Núñez, miembro de la Junta Directiva de SEDISA y coordinadora de su Observatorio de la Gestión Basada en Valor; y Raquel Sánchez, directora general del Foro Español de Pacientes.
Marta Anglada, defendió que los aspectos sociales y medioambientales se valoren al mismo nivel que la calidad. Señaló que la dimensión social tiene aún recorrido y reclamó que los pliegos tengan en cuenta ambas de forma conjunta y reconozcan las prácticas de las empresas que ya las incorporan a su actividad.
Desde la farmacia hospitalaria, Miguel Ángel Calleja, del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, planteó que los centros revisen sus propios procesos para identificar cuáles pueden hacerse más sostenibles. A su juicio, el impacto social y ambiental tendrá un peso creciente en las decisiones de compra.
🔎 #ENDIRECTO | Primera mesa: Una mirada transversal al modelo de compra.
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Cómo incorporar el valor social y medioambiental a la contratación sanitaria desde
distintas perspectivas.
Forman parte de la mesa:
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José María Gimeno, codirector del Observatorio de Contratación Pública, situó el debate en el contexto europeo. Recordó que la Unión Europea lleva desde 2020 impulsando una agenda para reforzar la capacidad de respuesta de sectores estratégicos como el sanitario y advirtió de la vulnerabilidad que puede generar la deslocalización de la producción farmacéutica. A su juicio, valorar las ofertas más allá del precio permite que la compra pública contribuya también a fortalecer la industria y atraer talento.
La mesa puso de relieve que la sostenibilidad y los objetivos sociales están cada vez más presentes en las estrategias empresariales. Sin embargo, ese esfuerzo no siempre encuentra correspondencia en las licitaciones, donde el precio sigue teniendo un peso determinante. Para reconocerlo, se necesitan evidencias comparables que permitan decidir con criterios objetivos y con garantías para todos.
El debate abordó también la finalidad última de este trabajo: responder a las necesidades de los pacientes. La incorporación de estos criterios debe ser compatible con la disponibilidad de los tratamientos y garantizar la continuidad del suministro. Desde la perspectiva asistencial, la humanización y la sostenibilidad deben integrarse en la contratación para contribuir a una atención adecuada.
Por su parte, Eloína Núñez, defendió que las administraciones prioricen la relación calidad-precio y que ese cambio sea compatible con la eficiencia económica y la garantía del suministro.
Núñez señaló que existen diferencias de criterio entre comunidades autónomas y también entre administraciones y empresas. Propuso una metodología común que facilite la evaluación de las ofertas y permita comprobar cómo se han aplicado los criterios en cada adjudicación.
Raquel Sánchez situó el acceso a los tratamientos en el centro del debate. Defendió que el valor social y medioambiental se utilice como criterio de adjudicación, de forma que permita dar más puntos a determinadas ofertas.
Su preocupación es que convertirlo en una condición para poder concurrir deje fuera a empresas pequeñas, reduzca el número de proveedores y aumente el riesgo de desabastecimiento.
🔎 #ENDIRECTO | Segunda mesa: El aterrizaje práctico.
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Dedicada a las dificultades que encuentran las administraciones para incorporar estos criterios a sus procedimientos de contratación.
Representantes vinculados a la gestión económica, la contratación pública y los servicios… pic.twitter.com/T69jv2IrPS
El aterrizaje práctico en las comunidades autónomas
La segunda mesa trasladó el debate al plano operativo con la experiencia de cinco comunidades. Intervinieron José Nieves, director general de Gestión Económico-Financiera del Servicio Madrileño de Salud y director de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid; Neus Colet, directora general de Contratación Pública de la Generalitat de Catalunya; Guayarmina Luján, subdirectora de Farmacia del Servicio Canario de Salud; Jorge Aboal, director de Procesos de Soporte del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza; y Rafael Marcote, subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares.
Madrid, Cataluña, Canarias, Galicia y Baleares cuentan ya con guías, estrategias o directrices que pueden servir de base para una aplicación más homogénea. Los ponentes subrayaron que el mercado del medicamento tiene características específicas, por lo que los órganos de contratación necesitan orientaciones adaptadas a esa realidad. La mesa recordó que los medicamentos pueden representar hasta una cuarta parte de la huella de carbono del sector sanitario, aunque su consideración sigue siendo desigual entre hospitales. Para avanzar, se señalaron como condiciones necesarias el liderazgo directivo, la formación y las capacidades técnicas de quienes preparan las licitaciones, preservando siempre la eficiencia económica y la concurrencia.
Conclusiones: un decálogo para llevar el valor social y medioambiental a los pliegos
La clausura técnica corrió a cargo de Jorge Vázquez, socio y director del área de Salud de Vinces Consulting, quien recogió las principales ideas del debate y presentó el decálogo. “Si queremos que las empresas sigan avanzando, la contratación pública debe poder reconocer las mejoras que aportan a la prestación”, afirmó.
El documento concreta las responsabilidades de las administraciones, los órganos de contratación y las compañías farmacéuticas en la planificación, justificación, medición y acreditación de estos criterios. Cada principio se acompaña de las referencias normativas e instrumentos que orientan su aplicación, desde la Ley de Contratos del Sector Público y la Directiva 2014/24/UE hasta la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026.
Para llevar el decálogo a la práctica, Vázquez planteó tres prioridades. La primera, desarrollar criterios tipo para los pliegos de contratación de medicamentos, con indicadores y medios de acreditación definidos. La segunda, mejorar los datos disponibles sobre el grado de incorporación de estos criterios y sus resultados, aprovechando la experiencia de las comunidades autónomas.
La tercera, mantener un espacio de diálogo entre administraciones, gestores, profesionales sanitarios, pacientes e industria. “La eficiencia de la contratación pública debe valorarse por los resultados que obtenemos con los recursos disponibles y por su contribución al interés general”, ha concluido. “Reconocer de forma objetiva y proporcionada los compromisos sociales y medioambientales vinculados a la prestación nos permite acercar las decisiones de compra a los objetivos estratégicos del sistema sanitario”.