El 82,9 por ciento de las mujeres con enfermedades reumáticas y discapacidad asegura haber padecido violencia institucional en el sistema sanitario durante el último año. Entre las formas más frecuentes de maltrato citadas por las 287 participantes en el estudio elaborado por Reu+ junto al Consejo Nacional de Mujeres de España (CNME), dentro del programa europeo POWER, destacan las listas de espera interminables, la ausencia de atención realmente especializada (57%), la información difícil de comprender (32,7%) y el trato infantilizador (23%).
El documento define la violencia institucional como cualquier acción u omisión por parte de una institución que vulnere los derechos de las mujeres o les dificulte ejercerlos, incumpliendo el deber de diligencia debida del Estado. Se trata de una noción jurídica recogida en la normativa catalana contra la violencia machista, que permite diferenciar un episodio aislado de un patrón que se repite de forma sistemática.
Las repercusiones trascienden la consulta médica: siete de cada diez encuestadas (70,4%) manifiestan confiar poco o nada en las instituciones. Además, el 72,7 por ciento indica que presenta síntomas de depresión y el 58,5 por ciento refiere ansiedad frecuente. Las autoras del informe no consideran este malestar como una condición previa de las pacientes, sino como un efecto directo de cómo está organizado el sistema, una interpretación respaldada por los resultados de la encuesta, el grupo de discusión y las entrevistas en profundidad.
El impacto se extiende también al ámbito laboral. Casi la mitad de las mujeres consultadas (48,8%) declara haber sufrido discriminación a causa de su discapacidad y más de la mitad se ha visto obligada a reducir su jornada, cambiar de puesto o abandonar su empleo.
La investigación identifica entre las causas principales el sesgo de género en la atención sanitaria, la tendencia a atribuir los síntomas de las mujeres a la ansiedad antes de completar las pruebas diagnósticas, la falta de visibilidad de la discapacidad orgánica y un sistema de valoración que examina a las pacientes cuando están en remisión, es decir, en su mejor momento, y no durante los brotes de la enfermedad.
El informe subraya además la existencia de un “punto ciego institucional”: la administración autonómica entrevistada, responsable de valorar la discapacidad, niega por escrito que haya diferencias de género en ese procedimiento, a pesar de la evidencia recogida en la encuesta, el grupo de discusión y las entrevistas. “Si tú no evalúas no hay garantía”, resume Eugènia Bretones Espejo, presidenta del CNME y coinvestigadora del estudio.
Este trabajo sirve de base al Plan de Incidencia Política del proyecto y plantea, entre sus medidas, formación obligatoria en perspectiva de género y discapacidad para el personal sanitario, judicial y de servicios sociales; protocolos específicos de valoración para las patologías que se manifiestan en brotes, con revisiones periódicas y la opción de evaluar en pleno brote; así como un control efectivo del deber de adaptar los puestos de trabajo, también dentro de la propia Administración pública.
Asimismo, propone la recopilación sistemática de datos desagregados por sexo y tipo de discapacidad; el uso de las comparecencias parlamentarias y de las reformas legislativas en marcha para trasladar la evidencia obtenida; y el reconocimiento de la violencia institucional como un problema de salud pública que requiere respuesta urgente.