La neuropediatra y miembro del Grupo de Trabajo de Ictus Pediátrico de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), la doctora Cristina Villar, ha insistido en la necesidad de implantar de forma homogénea el código ictus pediátrico (CIP) en todo el territorio autonómico, recordando que “las primeras 24 horas son clave”.
Ha subrayado que “los niños también sufren ictus, aunque su causa difiere a la de los adultos”, puesto que “en los menores, no es por obesidad, por colesterol alto o por hipertensión, sino fruto de arteriopatías congénitas o adquiridas, de cardiopatías, o en relación con una infección”, y ha recalcado que “además, en estos casos, el diagnóstico y el tratamiento han de realizarse antes de 24 horas, tal y como recogen las últimas recomendaciones internacionales”.
Coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Ictus, este jueves, 29 de octubre, Villar ha denunciado que el CIP solo funciona actualmente en 10 autonomías, lo que “genera desigualdades en la atención a estos menores según el lugar en el que vivan”. A su entender, “se trata de un protocolo determinante a la hora de afrontar un fenómeno con una incidencia estimada de 1,3 a 13 casos por cada 100.000 niños al año, que representa una de las 10 principales causas de muerte en la infancia y que asocia secuelas neurológicas en el largo plazo en más del 60 por ciento de los supervivientes”.
Según ha explicado, “el pronóstico funcional de estos niños depende críticamente de la instauración inmediata de tratamientos de reperfusión, algo que actualmente no se está llevando a cabo en muchas comunidades españolas, y que se recoge en los protocolos marcados por el CIP”, además de que este “establece un sistema de alerta clínica y asistencial coordinado y de urgencia, en el que ante la sospecha clínica por un facultativo, se activan los diferentes sistemas de transporte, así como de diagnóstico radiológico, y de tratamiento urgentes, coordinados y eficientes, para poder minimizar las secuelas que se puedan producir a corto, medio, y largo plazo”.
En una encuesta estructurada realizada entre agosto de 2025 y mayo de este año a neuropediatras de hospitales públicos de referencia de las 17 comunidades autónomas, Villar comprobó que el CIP está operativo en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Extremadura, Murcia y Baleares. “Falta en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y en Canarias”, mientras que “Andalucía está a punto de aprobar el código ictus”.
Primer paso para un diagnóstico adecuado
Villar remarca que la existencia de este protocolo “es el primer paso necesario para un buen diagnóstico y tratamiento de estos casos”, advirtiendo de que “sin su instauración, estos pacientes verán retrasado su diagnóstico y, para cuando éste se consiga, es posible que ya no se esté en tiempo para tratar a los menores”. A este respecto, lamenta que “no es justo que esto cambie porque no vivas en una ciudad con un hospital de referencia de ictus o que en el año 2026 no se pueda realizar una resonancia magnética urgente a un niño con una alteración neurológica aguda”.
Considera igualmente imprescindible acompañar el CIP de “medios suficientes para desarrollarlo eficientemente”, como “profesionales suficientes y formados de guardia para su manejo, sistemas de transporte disponibles, medios técnicos eficaces para el diagnóstico (idealmente resonancia magnética cerebral) y tratamiento hiperagudo”. Los neuropediatras consultados coinciden en que los principales obstáculos para poner en marcha y mantener el CIP se concentran en la carencia de recursos técnicos y humanos, en la dispersión geográfica y en la ausencia de protocolos claros y homogéneos en todo el país.
Villar también incide en que, aunque en Madrid, Navarra, Cantabria y La Rioja los pacientes pueden llegar en menos de una hora a un centro con resonancia magnética y capacidad terapéutica avanzada las 24 horas, persiste en muchas regiones la falta de neurorrehabilitación financiada tras el ictus pediátrico, algo que define como “otra piedra angular del tratamiento los primeros 6-12 meses tras el ictus”.
Por último, recuerda que “en el manejo del ictus pediátrico, el neuropediatra tiene tanto la experiencia desde Pediatría, que ayuda en la exploración del niño y a conocer los diagnósticos diferenciales pediátricos más importantes, como la formación en patología vascular del sistema nervioso, para la toma de decisiones junto al radiólogo y al resto de especialistas implicados”.