La huelga indefinida del profesorado en la Comunitat Valenciana ha culminado con un amplio seguimiento y grandes movilizaciones en varias ciudades, en una protesta que sindicatos y parte de la comunidad educativa han calificado como “histórica”.
Según los datos de la Conselleria de Educación, el seguimiento se sitúa en el 47%, mientras que los sindicatos elevan la cifra hasta un rango de entre el 85% y el 95%.
Las manifestaciones han reunido a miles de personas en Valencia, Alicante y Castellón, con más de 20.000 asistentes en Valencia, según la Delegación del Gobierno, y movilizaciones también significativas en el resto de provincias.
La protesta ha estado protagonizada por docentes, estudiantes y familias que reclaman mejoras en la educación pública y denuncian el deterioro de las condiciones laborales del profesorado.
Los sindicatos defienden una jornada "histórica"
Los sindicatos convocantes —STEPV, CCOO, UGT y CSIF— han defendido la huelga como una respuesta al estancamiento de las negociaciones con la Conselleria. Los representantes sindicales han calificado la jornada como un “seguimiento histórico para una huelga histórica”, mientras insisten en que las medidas propuestas por la administración son insuficientes.
Entre las reivindicaciones destacan la mejora salarial, la reducción de la carga laboral y el aumento de recursos para la educación pública.
Desde CSIF se ha señalado que el sistema educativo sufre un deterioro progresivo, mientras que otras organizaciones han criticado la falta de una propuesta global por parte de la administración.
Los sindicatos docentes han confirmado que el acuerdo con la Conselleria de Educación "aún está lejos" ya que el preacuerdo presentado en la reunión de este jueves no incluye, según denuncian, ni la mitad de sus reivindicaciones.
La Generalitat insta al diálogo
Por su parte, la Conselleria de Educación ha defendido su disposición al diálogo y ha presentado una propuesta de mejora salarial de 75 euros brutos mensuales, considerada insuficiente por los sindicatos.
El conflicto ha llegado también al ámbito judicial, donde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado suspender los servicios mínimos, argumentando la necesidad de garantizar el derecho a la educación, especialmente en etapas clave como el Bachillerato.
En paralelo, la polémica ha escalado al terreno político tras la denuncia de varios sindicatos y formaciones sobre la gestión de la comunicación institucional durante la huelga, incluyendo una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por el uso de datos de familias en comunicaciones enviadas por la Conselleria.
La huelga continúa abierta sin acuerdo a la vista, en un contexto de tensión creciente entre el profesorado y la administración educativa.