Once de los doce detenidos por su presunta participación en la agresión a una patrulla militar en la zona de Benzú, en Ceuta, serán expulsados a Marruecos durante cinco años después de haber sido condenados por un delito de atentado contra agentes de la autoridad.
Los acusados han aceptado una pena de dos años de prisión, que el juzgado ha sustituido por la expulsión del territorio español, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y las defensas. La resolución judicial recoge que los condenados reconocieron su participación en los hechos.
El duodécimo detenido no se ha acogido a este acuerdo al negar su implicación en la agresión. El juzgado ha decretado para él prisión provisional a la espera de la celebración de un juicio en el que se determine su responsabilidad.
La agresión a la patrulla militar en Benzú
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves en la zona de Benzú, cuando un grupo de personas habría preparado una emboscada contra una patrulla de Regulares que circulaba por la zona.
Según la resolución judicial, los condenados aguardaron el paso de un vehículo militar y comenzaron a lanzar piedras contra la patrulla. Como consecuencia del ataque, cuatro militares resultaron heridos.
Tras el incidente, las fuerzas de seguridad detuvieron a doce personas por su presunta participación en la agresión.
El acusado que no aceptó el acuerdo alcanzado por el resto negó durante su declaración haber participado en los hechos y aseguró que se encontraba durmiendo cuando fue detenido. Ante esta negativa, el procedimiento continuará por la vía ordinaria.
La tensión en Ceuta tras la crisis migratoria
La agresión a los militares se produjo en una semana marcada por la tensión en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio y las protestas ciudadanas desarrolladas en la ciudad autónoma.
Durante los últimos días se han sucedido movilizaciones contra la gestión de la crisis migratoria, que derivaron el jueves en incidentes en la playa del Trampolín, donde varios manifestantes bloquearon el reparto de alimentos de Cruz Roja y se produjeron daños en estructuras utilizadas como refugio por algunos migrantes.
El ministro de Política Territorial y responsable del mando único para la crisis, Ángel Víctor Torres, había reclamado ese mismo día un mensaje común contra la violencia y pidió garantizar la labor de los voluntarios de Cruz Roja.
Las autoridades mantienen desplegados distintos dispositivos de seguridad mientras continúa la gestión de los miles de migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras las entradas masivas del 30 y 31 de julio.