La Fiscalía de Madrid reclama penas que suman diez años de prisión para dos personas acusadas de idear una maniobra para apropiarse de dos sociedades familiares mediante contratos de compraventa y documentación societaria supuestamente falsificada, ocasionando un perjuicio económico que los dueños sitúan en más de tres millones de euros.
El Ministerio Público imputa a ambos delitos de falsedad en documento y estafa, por los que interesa para cada uno tres años de cárcel por falsedad y siete años por estafa, además de la imposición de multas.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el fiscal pide que se declaren nulos los contratos y el resto de documentos vinculados a la presunta operación y que se devuelva la titularidad de las mercantiles a sus legítimos propietarios.
Igualmente, solicita que los procesados indemnicen de forma solidaria al matrimonio por los daños causados, cuantificados de manera provisional en más de tres millones de euros.
La acusación mantiene que el perjuicio económico procede tanto de los activos y el patrimonio de las sociedades como de los ingresos y beneficios que se habrían dejado de obtener durante el tiempo en que los acusados habrían estado al frente de las empresas.
El juicio, señalado inicialmente para este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, ha sido suspendido y queda a la espera de una nueva fecha para su celebración.
Hechos investigados en la causa
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los dos encausados se habrían puesto de acuerdo entre mayo y julio de 2017 para hacerse con el control de las sociedades NATIDES SL y LUARISVI SL, propiedad de los padres de uno de ellos, aprovechando presuntamente su avanzada edad, su especial vulnerabilidad y el vínculo familiar existente.
Para llevar a cabo la operación, habrían simulado contratos de compraventa de participaciones sociales, fechados el 17 de enero de 2017 en Budapest, por los que una sociedad húngara habría adquirido las empresas. La Fiscalía sostiene que el hijo no tenía poderes para disponer de las participaciones de sus progenitores y que esa documentación se empleó para dar apariencia de legalidad a la transmisión.
Más tarde, los acusados habrían redactado certificaciones de acuerdos sociales supuestamente inexistentes con el fin de formalizar ante notario el cambio de administradores y la modificación de los domicilios sociales de ambas compañías, consiguiendo finalmente inscribir dichas variaciones en el Registro Mercantil.
Las empresas disponían de diversos activos empresariales e inmuebles. NATIDES SL gestionaba tres tiendas de muebles en Madrid bajo la marca comercial “Muebles Arias”, además de un chalet en Brunete que era la residencia familiar. LUARISVI SL contaba en su patrimonio con varios inmuebles, entre ellos una nave industrial en Leganés y distintas viviendas y fincas situadas en la Comunidad de Madrid.
Los padres presentaron denuncia tras enterarse de que se había inscrito el nombramiento de un nuevo administrador en una de las sociedades.
La Fiscalía afirma que los acusados continuaron realizando actos de gestión y administración sobre ambas mercantiles y que incluso se promovió un procedimiento judicial para desalojar al matrimonio de su vivienda familiar en Brunete.