El empresario y supuesto intermediario del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha explicado ante el Tribunal Supremo, en su declaración como acusado, que fue Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien se puso en contacto con él porque al llegar al departamento tras la moción de censura que situó a Pedro Sánchez en La Moncloa estaban “un poco verdes” y les interesaban sus vínculos con México.
“Estaban un poco verdes cuando habían llegado al Ministerio con más presupuesto de España, una cartera importante, un sitio que para ellos era nuevo”, ha señalado Aldama este miércoles al detallar sus primeros encuentros con Koldo y Ábalos después de junio de 2018.
Según ha relatado, al entonces titular de Transportes y a su asesor les “interesaba mucho” Sudamérica, ya que “Ábalos controlaba mucho parece ser Colombia por anteriores actividades: Querían desarrollar más convenios y expandirse más, por decirlo de alguna manera, en el que España y empresas españolas expandiesen más en Sudamérica”.
En esa línea, ha manifestado que les trasladó que disponía de contactos en México, Ecuador y Venezuela, y que mantuvo reuniones con Koldo y Ábalos en el Ministerio, fijando México como prioridad porque era el país que más atención despertaba “para empezar a colaborar”.
“En el mes de agosto es la primera vez que Koldo me presenta al ministro. Me lo presenta en el Ministerio y me lo presenta en su despacho”, ha declarado.
La Fiscalía Anticorrupción reclama para Ábalos 24 años de prisión y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En el caso de Aldama, el Ministerio Público solicita 7 años de cárcel y una multa de 3,7 millones de euros por esos tres primeros delitos, de los que se confesó culpable en su escrito de defensa, motivo por el que se le aplica la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares ejercidas por el PP piden, por su parte, 30 años de prisión tanto para el exministro como para su exasesor, mientras que para el empresario reclaman la misma condena que plantea la Fiscalía.