QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha ordenado la prisión preventiva para el youtuber conocido como ‘Valyrio’, cuyo nombre real es Álvaro Martín, debido a su supuesta participación en un esquema de sustracción y comercio de información de entidades estatales y privadas, presumiblemente bajo la coordinación de Francisco Martínez, ex subdirector del Ministerio del Interior.
Tras su arresto en mayo en Andorra y su posterior extradición a España, ‘Valyrio’ ha sido interrogado por la jueza, quien ha valorado suficiente riesgo de fuga y destrucción de evidencias para justificar su encarcelamiento, según fuentes judiciales informaron a Europa Press.
En esta investigación, la Audiencia Nacional se centra en la filtración de datos, su comercialización y la posterior legitimación de las ganancias obtenidas ilícitamente.
El ex secretario de Estado, Martínez, ha sido descrito por la jueza como el ‘coordinador jurídico-operativo y arquitecto de blindaje estructural de la organización criminal’. Se investiga igualmente a José Luis Huertas ‘Alcasec’, otro implicado que también se encuentra en prisión.
COBERTURA LEGAL A LA RED
Ante las autoridades, Martínez alegó que su rol se limitaba a ofrecer asistencia legal y personal a ‘Alcasec’, y se desligó de las actividades del ‘hacker’. Según Martínez, su contribución se redujo a la formación de empresas que ‘Alcasec’ utilizaba, negando haberse beneficiado de los datos comprometidos.
‘Alcasec’, por su parte, estaba desarrollando un buscador basado en inteligencia artificial para organizar datos de fuentes abiertas, según Martínez, quien afirmó no haber detectado actividades ilícitas en su uso.
La jueza, sin embargo, mantiene que Martínez se benefició directamente de la información obtenida ilegalmente a través de un ‘bot’ automatizado desarrollado por la red criminal, y que sus búsquedas respondían a sus necesidades personales de información.
La red, según la magistrada, se especializaba en almacenar, organizar y analizar grandes volúmenes de datos sustraídos a través de ciberataques sistemáticos contra sistemas de organizaciones públicas y privadas, lo que ha llevado a acusaciones de delitos como blanqueo de capitales y violación de secretos, entre otros.
