La Audiencia Nacional ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la detención de seis personas para tomarles declaración dentro de una nueva pieza separada y secreta del 'caso Koldo', dirigida por el juez Ismael Moreno, que igualmente ha solicitado documentación a Adif y a la constructora Azvi.
Fuentes jurídicas citadas por Europa Press señalan que entre los detenidos se encuentra Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos --actualmente en prisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo--. Su vivienda en Valencia ha sido nuevamente registrada este jueves y los agentes de la UCO han abandonado el domicilio con varias cajas.
Entre las órdenes de arresto figura también Cristian Corvillo, a quien el PP identifica como chófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las primarias del PSOE de 2017. El principal partido de la oposición ya lo había llamado a comparecer en la 'comisión Koldo' del Senado, donde se acogió a su derecho a no declarar.
Cristian Corvillo declaró el pasado 3 de septiembre ante el juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso hidrocarburos', admitiendo que se había reunido con el exministro Ábalos por cuestiones relacionadas con el PSOE y que tanto él como su hermano Rubén mantuvieron una relación empresarial con el conseguidor Víctor de Aldama, si bien precisó que esas operaciones no llegaron a materializarse.
La dirección provincial del PSOE de Córdoba ha recalcado este jueves que Cristian Corvillo es un empresario y militante de base. “No ostenta cargo orgánico ni institucional alguno en representación del PSOE, más allá de su afiliación como militante de base al partido”, ha manifestado.
Requerimientos en Adif y a la constructora Azvi
Dentro de estas diligencias, los agentes tenían igualmente mandato para solicitar información a Adif, en el marco de las actuaciones acordadas después de que el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, decidiera este miércoles abrir una nueva pieza tras recibir un informe de la UCO.
Los registros y requerimientos se han llevado a cabo en Córdoba, Valencia, Madrid y Sevilla. A esta última ciudad se han desplazado efectivos de la Guardia Civil para recabar documentación en la sede de la constructora Azvi.
El presidente de Azvi, Manuel Contreras, ya declaró como testigo ante el Tribunal Supremo en el juicio por el 'caso mascarillas', donde negó haber efectuado pagos o entregas de dinero a la presunta red investigada en el 'caso Koldo'.
Desde la compañía han explicado a Europa Press que este jueves se han limitado a atender el requerimiento de información cursado por la autoridad judicial, remarcando que se trata de unas diligencias sometidas a secreto y que, por ello, no pueden detallar la documentación solicitada, para preservar la confidencialidad y no interferir en el trabajo de los investigadores.
“Desde Grupo Azvi queremos trasladar nuestra más absoluta tranquilidad ante esta actuación, así como nuestra plena confianza en el trabajo de las autoridades competentes”, han señalado.
La causa de las mascarillas fue en parte enjuiciada por el Tribunal Supremo, que llevó al banquillo al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, al estar aforado el entonces diputado y ex titular de Transportes en el momento de ser procesado.
El alto tribunal impuso penas de prisión a los tres --24 años para Ábalos, 19 para Koldo y cuatro para Aldama--, aunque permitió al empresario y comisionista eludir su ingreso en la cárcel en atención a su colaboración con la Justicia y con la condición de que no reincida.
Paralelamente, el juez Moreno mantiene abierta otra línea de investigación sobre presuntos amaños en contratos de obra pública y sobre pagos en efectivo del PSOE entre 2017 y 2024 para reembolsar gastos adelantados, una pieza que igualmente permanece bajo secreto de sumario.