La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Koldo' que sitúe a un paso del banquillo a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, al tiempo que se inclina por archivar el procedimiento respecto a varios antiguos responsables del Ministerio de Transportes que figuran como investigados.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita que se continúe la tramitación con vistas a un posible juicio también contra el exasesor de Ábalos que da nombre a la causa, Koldo García, y contra el empresario Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión por el 'caso mascarillas'.
Anticorrupción plantea la misma vía para otros encausados como el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba; el hermano de Koldo, Joseba García; la expareja del exasesor ministerial, Patricia Uriz; los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, así como para el exdirectivo de Adif Ignacio Zaldívar.
En esa relación incluye igualmente a la mercantil Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama y beneficiaria durante la pandemia de diversos contratos de suministro de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes —a través de Puertos del Estado y Adif— y por los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares que están bajo la lupa judicial.
El Ministerio Público dirige su acusación a las supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario y en la contratación de la exnovia de Ábalos en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, y atribuye en este marco posibles delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.
Al mismo tiempo, el fiscal reclama el sobreseimiento de las diligencias que se siguen frente a antiguos cargos de Adif y frente a personas del entorno de otros acusados, como Aldama y Koldo.
Y es que la Fiscalía sostiene que, por un lado, “determinados hechos y conductas no son perseguibles” y, por otro, a “determinadas personas investigadas no se les imputa delito alguno”.
“En el primer grupo, están los hechos relativos a la negociación y adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas a Soluciones de Gestión, y posible blanqueo de capitales asociado a los rendimientos obtenidos de estas operaciones”, precisa el Ministerio Público.
En el segundo bloque sitúa al ex alto cargo de Adif Michaux Miranda, a la que fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada, o a Alberto Escolano, quien firmó el contrato de arrendamiento del piso del centro de Madrid para la expareja de Ábalos, entre otros implicados.
Anticorrupción pide igualmente el archivo para Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes en la etapa de Ábalos; para Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado; para Daniel Sierra, que ejerció como apoderado de Soluciones de Gestión; para José Luis Rodríguez, relacionado con Juan Carlos Cueto; para Israel Pilar Ortiz, vinculado a Koldo y Aldama; para Rogelio Pujalte, que recibió una transferencia de Soluciones de Gestión; para Patricia Ramos, expareja de Aldama; para María Auxiliadora Luque, relacionada con el exasesor, y para Andoni García, otro de los hermanos de Koldo.
Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya enjuició de forma parcial el 'caso mascarillas' debido a la condición de diputado aforado de Ábalos cuando fue procesado. La Sala condenó al exministro a 24 años de prisión, impuso 19 años a Koldo y fijó cuatro años para Aldama, al que evitó enviar a la cárcel por su colaboración con la justicia durante la investigación.