La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, exconcejal del PSOE en Sevilla y exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la venta de una parcela municipal de la ciudad.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, se centra en la enajenación de una parcela de unos 10.000 metros cuadrados en la zona de El Higuerón (Pino Montano Norte) que pertenecía a la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla (Emvisesa).
Detenida su esposa y otras tres personas
La esposa de Pineda también ha sido detenida y hay otros tres arrestos adicionales relacionados con la misma causa. Los investigadores sospechan que la compraventa pudo haberse realizado con ventajas económicas indebidas para los implicados, aunque no se ha detallado aún la cuantía ni el grado de participación de cada detenido.
Pineda, que fue concejal de Medioambiente y gerente de la empresa municipal de limpieza Lipassam en etapas previas, dimitió de su cargo en la Delegación del Gobierno tras el avance de la investigación.
Investigación interna
El Ayuntamiento abrió el pasado mes de noviembre una investigación interna y suspendió de empleo a un trabajador de Emvisesa tras acceder a un informe de la UCO. En ese documento se constataba que formaba parte, presuntamente, del proceso “desierto y continuado” de la parcela y de su venta posterior y que habría recibido más de 78.000 euros en su condición de personal responsable de la empresa municipal.
El informe se centra en una parcela de Pino Montano que permaneció “numerosos años desierta” durante la etapa del exalcalde Juan Espadas (PSOE), iniciada en 2017. Según explicó entonces el delegado municipal de Urbanismo, Juan de la Rosa, el precio era elevado porque en los terrenos había tres inquilinos, circunstancia recogida por la UCO.
El edil señaló que, tras detectar el “lastre” de la parcela, se realizó una nueva tasación a la baja por la existencia de esos inquilinos y porque la venta quedaba sujeta a su situación. La valoración se situó en 1,8 millones de euros. Posteriormente, los compradores la revendieron cinco meses después por casi cuatro millones de euros, extremo que el concejal calificó de “sospechoso”.