Un jurado popular tiene previsto enjuiciar desde este martes, 3 de noviembre, y durante al menos nueve sesiones, a la pareja de Dana Leonte por la desaparición y muerte violenta de la joven en 2019 en Arenas (Málaga). La vista oral se desarrollará, como mínimo, a lo largo de dos semanas, hasta el viernes día 13.
La primera jornada del juicio se dedicará a la elección de los integrantes del jurado y a la declaración del acusado. En las sesiones posteriores está previsto que comparezcan como testigos al menos 15 personas, además de 21 guardias civiles, médicos forenses y peritos que elaboraron informes sobre lenguaje, entre otros especialistas.
El procesado, actualmente en situación de libertad provisional, se enfrenta a una petición de 17 años de prisión por parte de la Fiscalía de Málaga, que le atribuye un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, según el escrito de acusación provisional al que ha tenido acceso Europa Press.
La acusación particular, que actúa en representación del hermano de Dana, le imputa un delito de asesinato y solicita para él 20 años de cárcel. Ambas acusaciones entienden que concurren las circunstancias agravantes de discriminación por razón de género y de parentesco. La defensa, por el contrario, rechaza los hechos que se le atribuyen y reclama la absolución.
El acusado y Dana mantenían una relación sentimental de la que nació una hija. De acuerdo con las acusaciones, la víctima llegó a denunciar al hombre por un episodio de violencia de género, causa en la que finalmente fue absuelto. Los hechos ahora enjuiciados habrían tenido lugar el 12 de junio de 2019 en la vivienda familiar situada en Arenas.
Aquel día, ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que ella le manifestó que no quería continuar la relación. Esa noche, el acusado, "con un desprecio a la libertad e integridad de la mujer, supeditando estos a su interés propio y a dominio como hombre, con la intención de acabar con la vida de Dana Leonte, con un palo de madera golpeó fuertemente la cabeza", sostiene la fiscal en su escrito.
Según las acusaciones, tras el golpe, la mujer quedó "inconsciente o malherida", momento en el que el acusado, supuestamente, "con la intención de ocultarla por creer que había muerto o bien con la intención de culminar su propósito de matarla", habría introducido el cuerpo en el maletero del coche para trasladarla después a otro enclave.
En ese lugar, señalan tanto la acusación pública como la particular, "la desmembró y, aprovechando que era conocedor del terreno" supuestamente procedió a "esparcir y enterrar los restos en distintos lugares". Asimismo, habría limpiado la casa con lejía y aguarrás para "hacer desaparecer vestigios".
Además, y presuntamente para "procurarse coartada", accedió al teléfono móvil de la víctima con el fin de simular que ella seguía con vida y envió diversos mensajes en su nombre.
Desde que se denunció la desaparición, se organizaron numerosas batidas en la comarca de la Axarquía para tratar de localizarla. Los primeros restos de la joven aparecieron el 21 de junio y otros fragmentos fueron hallados en octubre y noviembre de ese mismo año. En septiembre se produjo la detención del acusado.
El fiscal mantiene que el acusado, tras iniciarse una discusión en el domicilio familiar, supuestamente la agredió y después hizo desaparecer el cuerpo, por lo que califica los hechos como constitutivos de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, indicando que supuestamente "venía ejerciendo habitualmente violencia física o psíquica sobre su pareja".
La acusación particular, en cambio, defiende que el acusado presuntamente tuvo "la intención de quitar la vida a su pareja", la habría golpeado primero y posteriormente la desmembró y ocultó sus restos, por lo que entiende que se trata de un delito de asesinato.
Además de las penas de prisión, las acusaciones reclaman medidas de alejamiento respecto de la hija, que se encuentra bajo el cuidado del hermano de la víctima, así como la retirada de la patria potestad. La Fiscalía solicita también que el acusado indemnice a la menor con 300.000 euros por los daños morales sufridos y al hermano con 100.000 euros.