La Audiencia Provincial de Cantabria ha impuesto una pena de siete años y siete meses de cárcel a un hombre que durante más de una década fotografió y grabó a menores desnudos en distintas playas de Santander.
La condena finalmente fijada es más baja que la que reclamaba la Fiscalía, que en sus conclusiones definitivas había solicitado ocho años y diez meses de prisión para el procesado.
De acuerdo con los hechos probados de la sentencia, el condenado llegó a realizar más de 1.700 fotografías y vídeos de menores, que almacenaba en su ordenador para su uso privado y que, además, quedaban accesibles a terceros mediante un programa de intercambio de archivos.
Asimismo, conservaba en su equipo imágenes de menores desnudos generadas con inteligencia artificial (IA), descargadas de internet y disponibles para otros usuarios de la red, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en una nota de prensa.
En la resolución, recientemente notificada y contra la que cabe interponer recurso de apelación ante el TSJC, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial le declara responsable de un delito continuado de elaboración de pornografía infantil y de otro delito de posesión de pornografía infantil.
Junto a la pena de prisión, el tribunal acuerda inhabilitarle para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante once años, así como para desempeñar cualquier actividad que implique contacto con menores durante quince años.
Hechos probados y actuación del acusado
La sentencia detalla que el condenado, al menos desde 2012 y hasta 2024, “utilizando distintas cámaras fotográficas de su propiedad, acudía de forma reiterada a las playas de Santander y, con intención libidinosa y utilizando el zoom de las cámaras, realizó más de 1.700 fotografías y vídeos a niños menores de 16 años mientras se hallaban desnudos en la playa, duchándose, cambiándose, bañándose o jugando, ajenos a su presencia”.
En particular, el escrito recoge que el acusado “enfocaba el pubis o los glúteos de los menores, desentendiéndose del entorno, para captar los genitales y las nalgas de estos, todo ello para satisfacer sus propios deseos sexuales”.
Una vez en su domicilio, “almacenaba los vídeos y las fotografías en los discos duros de su ordenador o externos, clasificándolos por año de su captación, para su propio uso”.
Además, “también guardaba en su ordenador, con la misma finalidad, fotografías en las que se representaba de forma hiperrealista y confundible con la realidad a menores de edad desnudos posando en forma provocativa, creadas mediante inteligencia artificial y descargadas de internet por él mismo”.
El equipo informático del condenado tenía instalado el programa de compartición de archivos eMule, configurado a máxima velocidad y con la opción de ofuscación activada, que “intenta ocultar las comunicaciones” del citado programa.
El hombre fue finalmente descubierto en el verano de 2024, en los Jardines de Piquío de Santander, cuando estaba fotografiando y grabando a menores que se encontraban en las playas de El Sardinero.
Un testigo advirtió lo que estaba haciendo y alertó a la policía. Al percatarse de que había sido descubierto, el acusado abandonó la zona y subió a un autobús, pero minutos después fue interceptado por los agentes mientras intentaba borrar las imágenes.
Delitos de pornografía infantil y rechazo de la atenuante
Para el tribunal, estos hechos han quedado demostrados con la prueba practicada en el juicio: la declaración del acusado, “que reconoció la posesión del material hallado”, “reconoció sacar fotos y hacer vídeos” y también “tener instalado” el programa Emule; el testimonio de la persona que le observó haciendo las fotografías y el de los agentes que intervinieron; así como la “profusa prueba documental” integrada por los archivos incautados.
La Audiencia entiende que los hechos encajan en los delitos de elaboración y posesión de pornografía infantil porque, aunque en las imágenes captadas “no se observa a los menores desnudos realizando actos sexuales explícitos”, sí aparecen “primeros planos” de sus órganos sexuales.
En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo considera que “basta con observar el enfoque reiterativo de los genitales de los menores para apreciar un intenso contenido obsceno”, circunstancia que concurre en este caso.
Por ello, la Sección Tercera concluye que “estamos inequívocamente ante un delito continuado de elaboración de material pornográfico infantil, creado por el acusado y dispuesto en sus discos duros” para ser compartido con terceros “usando programas peer to peer (P2P), como el eMule que disponía en sus sistemas informáticos”.
Finalmente, la Sala rechaza aplicar la atenuante de alteración psíquica invocada por la defensa, al entender que el síndrome ansioso-depresivo que padece, según el informe presentado, aparece “a raíz de su detención y la prosecución del presente procedimiento”.
La resolución subraya que “sus capacidades intelectivas y volitivas permanecieron incólumes” y que “el acusado tenía la capacidad de conocer las causas, características y consecuencias de sus actos, y tenía capacidad para escoger llevar a cabo un hecho o no llevarlo a cabo”.