La detención el pasado miércoles del exalcalde de la localidad salmantina de Trabanca, José Luis Pascual, realizada el pasado día 15, ha permitido destapar un presunto fraude fiscal vinculado a subvenciones de la Unión Europea para la creación de empleo, que alcanzaría los 3,3 millones de euros y se habría prolongado durante 15 años.
Así lo han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno, que detalla que la operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Salamanca, junto con personal del Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, todo ello bajo la coordinación de la Fiscalía Europea.
En el marco de esta investigación se han practicado cinco registros en viviendas y sedes de empresas vinculadas con los investigados en las provincias de Zamora y Salamanca. Además, se han inmovilizado 558.375 euros repartidos en 16 cuentas bancarias, se han bloqueado 40 inmuebles y se han intervenido más de 7.276 euros en efectivo fraccionado. También se han requisado “numerosos” dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento masivo, que están siendo examinados en estos momentos.
José Luis Pascual, que presidía tres asociaciones sin ánimo de lucro receptoras de más de 20 ayudas procedentes del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, habría tramitado entre 2010 y 2025 solicitudes de las mismas subvenciones para las tres entidades. Estas ayudas estaban destinadas a impulsar el empleo y favorecer el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.
Asimismo, se ha puesto bajo investigación a su pareja, ya que las subvenciones habrían sido obtenidas con su colaboración, aprovechando su puesto como funcionaria para facilitar el presunto entramado delictivo.
A partir de ahí, el principal sospechoso habría articulado una estructura empresarial para desviar los fondos públicos mediante la emisión de facturas falsas por servicios inexistentes, entre ellas las de una compañía supuestamente dedicada a promover la cooperación transfronteriza en más de un centenar de municipios de Portugal y España. También habría utilizado cuentas bancarias de distintas sociedades radicadas en Portugal, bajo su control, con el fin de ocultar los beneficios generados por la actividad ilícita.
Las mismas fuentes han señalado que el avance de las pesquisas apunta a que se habrían canalizado “cantidades significativas” de dinero hacia inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de una bodega en un municipio de la provincia de Zamora.
Las diligencias han sido dirigidas por las Fiscales europeas delegadas en Madrid, actuando el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional como Juez de Garantías.
La Fiscalía europea es un organismo independiente de la Unión Europea responsable de investigar los delitos que perjudiquen los intereses financieros comunitarios, así como de ejercer la acción penal contra sus responsables y llevarlos ante los tribunales. Tanto las instituciones y órganos de la UE como las autoridades competentes de los Estados miembros que forman parte de la Fiscalía europea están obligados a comunicar cualquier conducta delictiva que afecte al presupuesto comunitario.
Asimismo, los ciudadanos pueden informar de posibles casos de fraude u otros delitos a través del enlace https://www.eppo.europa.eu/es/report-crime/otp, tal y como han recordado desde la Subdelegación.