El abogado general del TJUE pone en duda el argumento de España sobre ayudas de Estado para no pagar laudos de renovables

Un dictamen del abogado general del TJUE cuestiona la estrategia de España y la UE para bloquear el pago de laudos arbitrales a inversores en renovables.

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El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Athanasios Rantos, ha emitido un dictamen en el que cuestiona uno de los pilares jurídicos esgrimidos por el Gobierno español y la Comisión Europea para frenar el pago de los laudos arbitrales a inversores en renovables. En concreto, pone en tela de juicio la tesis de que las compensaciones económicas reconocidas a estos inversores constituyen ayudas de Estado incompatibles con las normas del mercado interior de la UE.

El pronunciamiento, difundido este jueves, se enmarca formalmente en un procedimiento que afecta a Rumanía, el conocido 'caso Micula'. En él se sostiene que indemnizar el daño económico sufrido por un inversor tras un cambio normativo no supone, por sí mismo, conceder una ayuda estatal prohibida por las reglas del mercado interior. Además, defiende que esta diferenciación jurídica resulta plenamente trasladable a los tribunales arbitrales internacionales, según señalan fuentes de los fondos acreedores que compraron los derechos de representación y cobro frente a España por los recortes a las primas de las energías renovables.

Este dictamen, de carácter no vinculante, puede convertirse en un serio contratiempo para la estrategia legal seguida por el Ejecutivo español, que se apoyó explícitamente en la jurisprudencia del 'caso Micula' para impedir el pago de cerca de una treintena de laudos derivados de los recortes retroactivos a las primas renovables. La cuantía pendiente por estas condenas asciende ya a 2.367 millones de euros.

El letrado europeo también rechaza el recurso de casación adhesiva presentado por España en este asunto, al desestimar la tesis de que los inversores no tendrían interés legítimo para recurrir ante la justicia comunitaria las decisiones de la Comisión Europea que bloquean la ejecución de sus laudos.

Según las mismas fuentes, el criterio de Rantos cuestiona igualmente la decisión de marzo de 2025 con la que Bruselas vetó a España el pago de 101 millones de euros en el 'caso Antin', al apoyarse de forma directa en el precedente rumano que el abogado general propone ahora anular mediante la revocación de su artículo 1.

Del mismo modo, el razonamiento del abogado general proyecta incertidumbre sobre la investigación en profundidad abierta por la Comisión el pasado agosto respecto al abono de 32,95 millones efectuado por España a la japonesa JGC Holdings, lo que apuntaría a que el conflicto trasciende el ámbito comunitario y podría respaldar la legalidad de ese pago.

Para los fondos acreedores, las conclusiones de Rantos también restan solidez a la posición de España en los procedimientos de embargo y ejecución forzosa en marcha en jurisdicciones extracomunitarias como Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Singapur, donde el Gobierno se escudaba en la prohibición de Bruselas para tratar de frenar las reclamaciones de los inversores.

Tras este dictamen, serán ahora los jueces del TJUE quienes deban dictar la sentencia definitiva y aclarar si se derrumba de forma definitiva uno de los principales argumentos legales utilizados por España para evitar el cumplimiento de los laudos arbitrales en materia de renovables.