El Pleno del Tribunal Constitucional ha atendido por unanimidad el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo y ha declarado inconstitucional y nula la Ley de la Región de Murcia 1/2026, de 2 de marzo, mediante la cual se habían modificado los límites del Parque Regional de Sierra Espuña.
Tal y como ha comunicado este jueves el tribunal de garantías, la norma autonómica recurrida, que a su vez alteraba la Ley 6/1995, de 21 de abril, preveía la exclusión de ciertos terrenos de este espacio natural protegido, en particular la zona recreativa y monumental de La Santa y la carretera RM-502 con su correspondiente área de afección.
En la exposición de motivos, la ley murciana defendía esta decisión apelando a la necesidad de salvaguardar las tradiciones y actividades históricas de Totana, así como al reducido alcance de la superficie excluida, que suponía un 0,3% del conjunto del parque.
No obstante, el Pleno del Constitucional concluye que la modificación de los límites de Sierra Espuña no se ajusta a las exigencias previstas en la normativa estatal básica en la materia, invadiendo la competencia del Estado en legislación básica sobre protección del medio ambiente contemplada en el artículo 149.1.23 de la Constitución.
La sentencia precisa que la ley autonómica entra en conflicto con el artículo 52 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y con el artículo 13.3 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).
Dichas disposiciones establecen que la desafectación de terrenos de un espacio natural protegido únicamente puede aprobarse “cuando así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural”, una alteración que, además, ha de ser acreditada científicamente.
Al comprobar que la disminución de la superficie del Parque Regional de Sierra Espuña no obedece a esos criterios científicos de evolución natural, sino a las motivaciones expuestas por el legislador autonómico, el Pleno declara la inconstitucionalidad y la nulidad total de la ley.