Óscar Sánchez Gil, antiguo responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e investigado por su presunta vinculación con una red de narcotráfico, ha rechazado cualquier implicación en dicha organización criminal y ha señalado a los investigadores por, supuestamente, encubrir una auténtica trama de corrupción policial relacionada con el tráfico de drogas que, según su relato, estaría integrada por funcionarios de Aduanas y no por agentes de la UDEF.
Según han indicado fuentes jurídicas a Europa Press, Sánchez Gil sostuvo esta versión este martes al declarar como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional (AN) Francisco de Jorge, encargado de indagar en una presunta red de tráfico de estupefacientes con la que el exmandatario policial habría colaborado facilitando información a cambio de pagos millonarios.
Al exjefe de la UDEF se le intervinieron 20 millones de euros ocultos en su vivienda, fondos que los investigadores atribuyen a la supuesta organización criminal. Fue arrestado en octubre de 2024 y permanece en prisión provisional desde finales de ese mismo año mientras continúan las diligencias.
Durante su comparecencia por videoconferencia, en la que sólo respondió a su defensa, Sánchez Gil se desmarcó de la presunta red y sostuvo que los informes sobre comunicaciones encriptadas dejan fuera mensajes que, a su juicio, apuntarían a que la verdadera trama corrupta policial estaría integrada por agentes de Aduanas, de acuerdo con las mismas fuentes.
En su versión, los responsables de la investigación habrían silenciado que la información relativa a los contenedores con droga no procedía de las autoridades colombianas, sino de una persona a la que identifica como la delegada de estupefacientes. Según Sánchez Gil, esto se habría hecho para evitar posibles nulidades dentro del procedimiento.
Críticas a las intervenciones telefónicas y alcance de la causa
El exjefe de la UDEF también ha defendido que existieron defectos en la autorización judicial para intervenir sus comunicaciones encriptadas, alegando que el juez autorizó el acceso a sus dispositivos el mismo día en que él se deshizo de ellos, tal y como ha manifestado.
La causa, en la que figuran varios investigados y sociedades supuestamente vinculadas al narcotráfico, dio un salto tras el hallazgo en octubre de 2024 de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras por parte de la Policía y de la Agencia Tributaria, considerado entonces el mayor cargamento de esta sustancia incautado en España y el segundo de Europa.
En uno de los atestados más recientes incorporados al sumario se recoge que Óscar Sánchez habría participado presuntamente en la entrada de, al menos, 39 contenedores —de los que sólo dos fueron interceptados— con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán habría abonado al agente más de 32 millones de euros.
El magistrado instructor mantiene que la aportación de Sánchez a la presunta red de narcotráfico investigada “se concretaba esencialmente en la realización de consultas” en las bases de datos policiales para “conocer y descartar” pesquisas sobre los integrantes de la supuesta organización.
“Todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas, no puede percibir de manera directa, por lo que ha tenido que crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos”, señalaba el juez en uno de los autos dictados en el marco de la investigación.