El Ejecutivo ha hecho llegar al Tribunal Supremo la relación de los 163.355 ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como 'ley de nietos' y que no podrán participar en las próximas elecciones generales si no prueban su condición de descendientes de exiliados, tal y como había reclamado el alto tribunal el pasado viernes.
Según han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press, la documentación se ha entregado dentro del plazo fijado por el Supremo, que concluía a las 15.00 horas de este miércoles, e incluye el listado nominal de esas 163.355 personas.
Las mismas fuentes precisan que la Abogacía del Estado ha pedido al tribunal que, al tratarse de datos especialmente sensibles, declare el listado como reservado, con el fin de impedir que las partes puedan hacer un uso indebido o malicioso de esa información personal.
Han detallado asimismo que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha coordinado el trabajo de los consulados en la revisión de los expedientes de nacionalización tramitados en las distintas oficinas consulares, autorizando además todas las asistencias técnicas solicitadas para poder completar la tarea en el tiempo marcado.
De acuerdo con su relato, el primer telegrama con instrucciones desde Justicia a las oficinas consulares para recabar los datos se remitió el 15 de septiembre, tras la notificación del auto por el que el Supremo acordó suspender de forma cautelar el derecho al voto de los nacionalizados por la 'law de nietos'.
Además, explican que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el pasado 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral el listado de 76.600 personas que figuran en DICIREG (Registro Civil digital) como nacionalizadas al amparo de los supuestos de la Ley de Memoria Democrática, que era la única información de la que disponía ese departamento.
Procedimientos aplicados y alcance del veto al voto
Las fuentes del Ejecutivo apuntan que "buena parte" de estas personas previsiblemente verán suspendido su derecho al sufragio, tal y como han solicitado el partido político Vox y otras asociaciones "de extrema derecha".
Subrayan que los afectados obtuvieron la nacionalidad española siguiendo el procedimiento fijado en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso en 2022, y en la denominada 'ley de nietos', la instrucción que precisaba ese proceso y reconocía la presunción de exilio.
Insisten en que se trata de requisitos y trámites "idénticos" a los previstos tras la Ley de Memoria Histórica de 2007, que se aplicaron con "plena normalidad" y bajo cuya vigencia se celebraron numerosas citas electorales.
El Gobierno calcula que, tomando como referencia los niveles habituales de participación exterior, si las más de 160.000 personas estuvieran inscritas en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior, el efecto potencial sería inferior a 14.000 votos distribuidos entre 52 circunscripciones, lo que representaría menos del 0,06% de los sufragios emitidos en las elecciones generales de 2023.
La incidencia efectiva sería aún menor, ya que en el listado figuran personas que no forman parte del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), como menores de edad o ciudadanos ya fallecidos, precisan las mismas fuentes.
Requerimiento del Supremo y posible multa
El pasado viernes, el Supremo otorgó al Gobierno un plazo de cinco días para remitirle la lista de 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto vinculada a la 'ley de nietos' y advirtió de la imposición de una posible multa si no se cumplía el requerimiento.
Ese plazo se dirigió expresamente a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, instándoles a remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación "nominal" de las personas afectadas.
"Con expreso apercibimiento a los precitados de que, si transcurrido el plazo de cinco días que, en todo caso, finalizará el día 28 de octubre de 2026, no remiten la relación nominal de referencia, esta Sala podrá acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder", advirtió el Supremo.
El alto tribunal indicó que la multa ascendería a 1.000 euros para los ministros que "incumplan este requerimiento" y dejó abierta la posibilidad de "reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".