El juzgado que instruye el 'caso Begoña Gómez' ha requerido a Google que mantenga intacto el contenido de los proyectos vinculados al 'software' de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido enviada a juicio.
Así se recoge en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada por el magistrado Carlos Valle, quien sustituye al ya jubilado Juan Carlos Peinado mientras el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid carezca de nuevo titular.
“Dada la urgencia y para evitar la pérdida del contenido de los proyectos citados y por motivos de prudencia, ofíciese a Google a fin de que no eliminen el contenido de dichos proyectos de las consolas de Google Cloud”, recoge la resolución.
Valle justifica esta decisión en la falta de contestación por parte de Devoteam Drago “sobre la desconexión de la consola de Google Cloud respecto de proyectos” del 'software'.
Devoteam figura entre las compañías que, según la investigación dirigida por Peinado, intervinieron en distintas etapas del desarrollo de la plataforma tecnológica.
En el auto por el que acordó enviar a juicio a Gómez y a su asistente en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, Peinado detalló que Devoteam confirmó que, durante el desarrollo del proyecto tecnológico vinculado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa de Sánchez, “existían reuniones semanales de seguimiento”.
“La presencia de Álvarez en reuniones técnicas relativas al desarrollo del 'software' y a la gestión operativa del proyecto tecnológico asociado a la cátedra constituye, por tanto, un indicio de su participación en actividades vinculadas al proyecto impulsado por Gómez junto con diversas empresas privadas del sector tecnológico”, añadió el magistrado.
Peinado acordó la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, y contra su asesora por un presunto delito de malversación.
A juicio del instructor, se habrían producido irregularidades “tanto con el destino a usos privados de la fuerza de trabajo de una empleada pública como con el desvío del 'software' desarrollado en el seno de la cátedra extraordinaria”.
La acusación popular ejercida por Hazte Oír reclama en la vista oral --aún sin fecha señalada-- penas de 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas y la Fiscalía interesan su absolución.