El magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos', Santiago Pedraz, ha convocado para este jueves a declarar como testigo a Cristian Corvillo, a quien el PP identifica como exchófer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para aclarar su presunta vinculación con la trama investigada.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, Pedraz fija la comparecencia de Corvillo a las 10.15 horas, así como la de su hermano Rubén, dentro de las diligencias sobre el supuesto fraude de más de 200 millones de euros en el IVA de hidrocarburos que se habría cometido entre 2021 y 2024. En esta causa figuran como imputados, entre otros, los empresarios Claudio Rivas y Víctor de Aldama.
El juez ha precisado que el interrogatorio quedará “delimitado” al “objeto principal” del procedimiento, es decir, “el fraude contra la Hacienda Pública y consiguiente blanqueo de capitales cometido por la sociedad Villafuel”, propiedad de Rivas y con la que se relaciona a Aldama, conseguidor en el 'caso mascarillas' condenado a cuatro años de cárcel por el Tribunal Supremo.
En diciembre pasado, el empresario José Fernández Rosado, también investigado, declaró que Corvillo le propuso actuar como testaferro de Espaeventos, una de las mercantiles bajo sospecha, a cambio de una retribución económica que finalmente no habría llegado a percibir.
Además, Corvillo fue citado el año pasado por el PP a la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde sostuvo que desconoce “la posición exacta” que le atribuyen los investigadores dentro de la presunta red de corrupción y se negó a responder a cualquier cuestión planteada.
El papel de los hermanos Corvillo en la causa
La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el 'caso hidrocarburos', solicitó a Pedraz que llamara a declarar a los dos hermanos al entender que fueron “testigos directos presuntamente de diversos hechos” objeto de la investigación.
En su escrito, la acusación popular subrayó que “ambos hermanos se incorporaron, por mediación de Corvillo Energy --empresa representada por Rubén Corvillo--, al accionariado de las sociedades 'holding' que, según la propia confesión de Aldama recogida en intervenciones telefónicas, gestionaban el conjunto del patrimonio presuntamente derivado del fraude”.
Por este motivo, Hazte Oír considera que los dos “pueden ofrecer información directa sobre la configuración y dirección de la organización”, y sostiene que las sociedades vinculadas a los Corvillo “recibieron pagos millonarios procedentes de las sociedades interpuestas que presuntamente participaron en el fraude del IVA”, por lo que “presuntamente conocen el origen y la trazabilidad de tales pagos”.
En relación con Cristian Corvillo, la organización afirma que “mantuvo una comunicación constante” con Aldama y que “aparece reseñado” en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como “receptor de cantidades en efectivo bajo la denominación clave de 'escrituras'”. Añade, asimismo, que participó “en la operación de adquisición del inmueble de La Alcaidesa (Cádiz) destinado” al exministro de Transportes José Luis Ábalos, uno de los aspectos analizados en el 'caso mascarillas'.
Respecto a Rubén Corvillo, socio y administrador único de Corvillo Energy, Hazte Oír sostiene que “debe necesariamente conocer el origen de los fondos con que se acometió la compra de la deuda hipotecaria de Pilot Real Estate --empresa administrada por Aldama-- y la posterior ejecución del inmueble de Sotogrande”, así como “las circunstancias precisas de la facturación cruzada con Salamanca Fuel Center”, una de las compañías que presuntamente fingió comprar hidrocarburos a Villafuel.
La Fiscalía Anticorrupción respaldó la práctica de estas testificales, pero reclamó que se circunscribieran a esclarecer la posible relación de los hermanos Corvillo con la operativa bajo investigación por presunto fraude y con las sociedades implicadas, dejando fuera cualquier cuestión relativa al 'caso Koldo'.
La presunta trama y su alcance en la Administración
En un informe incorporado al sumario, la UCO expone que la red de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces encabezados por Reyes Maroto y Teresa Ribera.
Según ese documento, la penetración en dichos departamentos se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.
Los investigadores señalan a Aldama y Rivas como presuntos dirigentes de la red, al apuntar que “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”.
De acuerdo con la UCO, la supuesta red habría constituido “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.
“De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”, añade el informe.
Los agentes sitúan el inicio de las maniobras delictivas en 2020, cuando desde el “entorno de la presunta organización criminal” se habría solicitado a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, con el fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.
La UCO sostiene que la trama habría desembolsado alrededor de un millón de euros para tratar de influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García, ambos condenados por el Tribunal Supremo en el 'caso mascarillas' a 24 y 19 años de prisión, respectivamente.