El juicio por el brote de listeriosis de Magrudis se retrasa otras tres semanas a la espera de informes forenses

El macrojuicio por el brote de listeriosis de Magrudis se retrasa al 16 de diciembre a la espera de informes forenses y de un posible acuerdo indemnizatorio.

2 minutos

Registro de la Guardia Civil en la nave de Magrudis junto a sus propietarios en una foto de archivo MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS /ARCHIVO
Añadir DEMÓCRATA en Google

Publicado

2 minutos

El juicio por el brote de listeriosis de 2019 vinculado a carne mechada contaminada de la empresa Magrudis vuelve a posponerse tres semanas más y, en principio, se señala ahora para el 16 de diciembre. La Audiencia Provincial de Sevilla ya había aceptado previamente dos cambios de fecha, primero al 3 de noviembre y después al 23 de noviembre, respecto al señalamiento inicial del 16 de octubre.

Fuentes de la negociación han indicado a Europa Press que esta nueva petición a la Sala se fundamenta en la necesidad “de disponer de los informes del Instituto de Medicina Legal de Sevilla que aún no han sido analizados”. La solicitud se ha formulado de forma consensuada por las partes que participan en las conversaciones, salvo el Ayuntamiento, que continúa siendo el único “que no se ha sentado a la mesa”, con el objetivo de cerrar un acuerdo, extremo que uno de los letrados ha lamentado expresamente.

El primer aplazamiento se planteó precisamente para dar margen al Consistorio sevillano a “reaccionar”, ya que, según recordaba entonces Manuel Parrilla, abogado de parte de los perjudicados, “todos están poniendo de su parte; los lesionados, por ejemplo, piden unas indemnizaciones básicas”.

Sobre la mesa sigue la opción de cerrar un pacto que evite la celebración de un macrojuicio de más de 40 sesiones, previsto para depurar responsabilidades por un episodio que causó cuatro fallecidos y más de 200 intoxicados. Ese entendimiento pasaría por que el Gobierno municipal activara “los mecanismos necesarios” de financiación para asumir las compensaciones reclamadas por las víctimas.

Las mismas fuentes cifran en torno a 10 millones de euros el montante global de las indemnizaciones para el conjunto de afectados. De acuerdo con lo negociado hasta ahora, aproximadamente la mitad de esa suma recaería en el Ayuntamiento. “Tienen mecanismos extraordinarios para llevar a cabo este tipo de pagos. Si quieren pueden, aunque estamos abiertos a cualquier negociación”.

En el escrito de acusación, la Fiscalía aprecia un presunto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y otro de falsedad en documento oficial.

Por el delito contra la salud pública, el Ministerio Público solicita para cada uno de los acusados José Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez, su otro hijo Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, penas de cuatro años de prisión. Además, reclama para cada uno de ellos otros seis años de cárcel por los homicidios por imprudencia grave, así como multas por la defraudación de fluido eléctrico para todos los procesados salvo el arquitecto, y un año y medio adicional de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y, en este caso sí, para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.