La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, pondrá punto final en mayo a su etapa al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, cerrando un mandato condicionado por la gestión del caso de las residencias de mayores durante la pandemia y por las consecuencias institucionales del proceso que sentó en el banquillo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
El Consejo Fiscal, órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado, se reunirá este jueves para abordar el nombramiento de la nueva jefatura de la Fiscalía Superior de Madrid. Aunque Lastra ha presentado formalmente su candidatura para seguir en el cargo, fuentes jurídicas consideran muy difícil que sea renovada, en buena medida por el desgaste que le ha supuesto el procedimiento que afectó al anterior fiscal general.
La ruptura de la sintonía entre Lastra y García Ortiz quedó al descubierto durante el proceso judicial que terminó con condena. El juicio por un delito de revelación de secretos por la filtración de datos relativos a la pareja de la presidenta madrileña,Alberto González Amador puso de manifiesto las tensiones internas en el Ministerio Público.
La vista oral, celebrada en noviembre de 2025, concluyó con una resolución del Tribunal Supremo que supuso la inhabilitación de García Ortiz durante dos años, convirtiéndole en el primer fiscal general del Estado condenado en el ejercicio del cargo. El eco de este asunto no se limitó a la cúpula de la Fiscalía, sino que alcanzó de lleno a la Fiscalía de Madrid dirigida por Lastra.
Durante el juicio, Lastra explicó que llegó a preguntar personalmente a García Ortiz si había sido él quien filtró los correos electrónicos del caso. Según relató, éste respondió de manera esquiva, algo que ella interpretó como una señal de sospecha. El fiscal jefe de la Fiscalía Técnica, Diego Villafañe, subrayó la “animadversión” de Lastra hacia el entonces fiscal general del Estado.
El papel de Lastra en el caso de las residencias
Otro eje central de su mandato ha sido el impulso al conocido como caso de las residencias de mayores durante la pandemia de Covid-19, cuyas diligencias se tramitan en varios juzgados de instrucción de la Comunidad de Madrid.
El origen de este procedimiento se encuentra en las denuncias formuladas por familiares de personas fallecidas en residencias en los momentos más duros de la emergencia sanitaria. Las acusaciones se dirigen a posibles decisiones sanitarias discriminatorias, especialmente en relación con los protocolos que restringieron la derivación a hospitales de determinados pacientes.
En 2024, más de un centenar de familias presentaron denuncias colectivas, lo que provocó la apertura de numerosas causas en distintos órganos judiciales de la región. Desde entonces, uno de los principales debates jurídicos ha sido si debía optarse por concentrar todas las investigaciones en una macrocausa o mantenerlas repartidas entre los diferentes juzgados.
La Fiscalía de Madrid ha defendido la acumulación de los procedimientos, alegando que la dispersión actual de las causas genera un escenario procesal “caótico”, impide disponer de una visión de conjunto sobre lo sucedido y puede dificultar la depuración de eventuales responsabilidades.
No obstante, varios juzgados han rechazado esa concentración. Los magistrados argumentan que cada fallecimiento presenta circunstancias clínicas y contextuales propias, lo que exige un examen caso por caso y hace jurídicamente inviable una instrucción conjunta de todos los asuntos.
Sigue pendiente que la Audiencia Provincial de Madrid dé a conocer su resolución sobre la petición de unificación de criterios planteada por asociaciones de familiares de víctimas.