La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para el próximo 18 de noviembre, dentro de la causa abierta por la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio. Se trata del primer investigado en este procedimiento.
La decisión llega después de que la Audiencia Nacional asumiera en septiembre las diligencias abiertas contra Pérez Triano en un juzgado de Ceuta, a raíz de las denuncias presentadas por Manos Limpias y las querellas de otras organizaciones. La investigación busca esclarecer tanto las circunstancias de la llegada masiva como la respuesta de las autoridades españolas ante las advertencias recibidas en los días previos.
Pérez Triano dejó su cargo a finales de septiembre, en plena controversia por la gestión de aquella crisis. Su salida se produjo después de que trascendieran discrepancias entre el entonces delegado y su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, sobre la información trasladada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las alertas del CNI y la actuación de la Delegación del Gobierno
Una de las cuestiones que examina la Audiencia Nacional es qué información conocían las autoridades españolas antes del 30 de julio y qué medidas adoptaron para responder a la movilización anunciada en redes sociales.
El CNI había advertido el 29 de julio de posibles intentos de entrada en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. La información llegó a los servicios de inteligencia marroquíes y a distintos responsables españoles, según los documentos desclasificados posteriormente por el Gobierno.
Las discrepancias sobre esas comunicaciones precipitaron una crisis en la Delegación del Gobierno. Pérez Triano aseguró que su jefe de gabinete no le había trasladado determinadas advertencias del CNI, mientras que Gonzalo Sanz defendió que sí había comunicado la información recibida. Sanz dimitió antes que el delegado.
La Fiscalía de Ceuta respaldó en septiembre que la Audiencia Nacional investigara conjuntamente los hechos, al considerar necesario examinar las decisiones adoptadas, los dispositivos de vigilancia y auxilio y las posibles omisiones durante la crisis.
Entre los delitos atribuidos al exdelegado en las denuncias figuran la prevaricación, la omisión del deber de perseguir delitos, la denegación de auxilio y el homicidio y las lesiones por imprudencia grave. Se trata de acusaciones formuladas por los denunciantes, no de hechos acreditados judicialmente.
El Gobierno autoriza la declaración de dos agentes del CNI
La citación de Pérez Triano coincide con nuevos avances en la investigación. El Consejo de Ministros ha autorizado a dos agentes del CNI a declarar como testigos ante la juez Tardón sobre la información que manejaron antes de la entrada masiva.
El Ejecutivo también ha aprobado la desclasificación de nuevas notas informativas y comunicaciones de los servicios de inteligencia con Marruecos. Entre la documentación solicitada figuran los avisos previos a la crisis y la relación de autoridades españolas que los recibieron.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora qué conocían los responsables de la seguridad fronteriza, qué instrucciones impartieron y si hubo actuaciones u omisiones con relevancia penal. La comparecencia del exdelegado, prevista para el 18 de noviembre, será la primera declaración en calidad de investigado dentro de esta causa.