Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha mostrado su rechazo al proyecto promovido por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para poner en marcha un centro de retorno de personas migrantes en Ruanda, y ha reclamado reforzar “vías legales y seguras de migración”.
En una nota difundida por la asociación judicial, se afirma que “esta propuesta constituye una inhumana externalización de las responsabilidades que Europa ha asumido históricamente en materia de derechos humanos y protección internacional, responsabilidades construidas desde la experiencia de su propia historia”.
La organización ha indicado además que comparte “las preocupaciones manifestadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien ha advertido de los riesgos que supone trasladar a personas migrantes a un país con el que no mantienen ningún vínculo real y que, además, afronta sus propios desafíos en materia de derechos humanos”.
En opinión de JJpD, “la complejidad del fenómeno migratorio no puede abordarse mediante el desplazamiento del problema hacia terceros países”, por lo que reclama “políticas públicas que afronten las causas profundas de la migración, entre ellas los conflictos armados, las vulneraciones de derechos humanos, las desigualdades económicas y sociales y la falta de oportunidades que afectan a millones de personas en distintas regiones del mundo”.
Ante este escenario, la asociación judicial “defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo de gobernanza migratoria integral, sostenible y plenamente respetuoso con los derechos humanos”.
Según subraya JJpD, “este enfoque debe incluir la ampliación de las vías legales y seguras de migración, el fortalecimiento de los mecanismos de protección internacional y el reconocimiento de la importante contribución que realizan las personas migrantes al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades europeas”.