El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antiguo colaborador Koldo García están citados a declarar este jueves ante el Tribunal Supremo en el juicio por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Su intervención se producirá después del extenso interrogatorio al tercer procesado, el empresario Víctor de Aldama, considerado el presunto intermediario de la trama, cuya declaración se prolongó durante toda la jornada del miércoles, tanto por la mañana como por la tarde.
En sala, Aldama sostuvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "el uno" dentro de una estructura criminal jerarquizada y que "todo lo sabía".
El empresario añadió que Koldo y Ábalos pretendían que determinadas constructoras contribuyeran a "la financiación del PSOE" y afirmó que llegó a abonar a ambos entre 3, 4 y 5 millones de euros.
El orden previsto por el tribunal sitúa primero la declaración de Koldo y, en último lugar, la de Ábalos, después de que la defensa del exasesor subrayara que su preferencia era "prestar declaración con posterioridad" a Aldama.
El plan de enriquecimiento y la supuesta trama
La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Ábalos, Koldo y Aldama "convinieron" explotar el cargo del entonces ministro, nombrado en junio de 2018 al frente de Fomento, posteriormente denominado Ministerio de Transportes.
El fiscal jefe, Alejandro Luzón, defiende que se aliaron para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico", la adjudicación de contratos públicos "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" el propio Aldama, actuando siempre, según el Ministerio Público, con "ánimo de enriquecimiento".
En su escrito, Anticorrupción subraya que los tres "acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando" y que contaron con el respaldo "puntual o continuo tanto por otras autoridades y funcionarios" de Transportes como por personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.
La acusación incide en que la presunta organización surgió "con innegable vocación de permanencia en el tiempo", ya que "estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas" apoyadas en una misma estructura, que solo empezó a resquebrajarse tras la salida simultánea de Ábalos y Koldo del Ministerio en julio de 2021.
Hasta 30 años de prisión y el papel de cada acusado
Para Luzón, esa "cohesión" entre los tres "no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación" a Aldama de una "interlocución privilegiada" con Transportes, "otros departamentos ministeriales" y "diferentes administraciones públicas".
Por estos hechos, Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, además de una multa conjunta de 3,8 millones de euros.
Para Aldama pide 7 años de prisión y una sanción de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que el empresario se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que se le aplica la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para Aldama reclaman la misma condena que el fiscal.
"El jefe", el "alter ego" y la interlocución de Aldama
Según el relato del Ministerio Público, cada uno de los procesados "asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz", y apunta que tanto Koldo como Aldama "consideraban" a Ábalos como "el jefe".
Luzón detalla que el exministro "aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa" y que para el resto de cometidos se apoyaba en Koldo como "su hombre de confianza".
La Fiscalía sostiene que Koldo pasó a ser "más en asistente que en asesor", ya que "desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas", antes, durante y después de los tres años de etapa ministerial.
"Koldo García fue el 'alter ego' de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor", describe Luzón.
En particular, el fiscal recalca que "Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama".
Respecto al empresario, Anticorrupción lo define como "un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos", subrayando su "acceso preferente" al exministro.
Esa "interlocución privilegiada" habría permitido a Aldama conocer de primera mano las necesidades de compra de material sanitario en plena crisis del coronavirus, localizar la compañía adecuada y diseñar la oferta más ventajosa para hacerse con los contratos, primero en Transportes y sus entes dependientes, y más tarde en las administraciones canaria y balear.
La Fiscalía afirma que Aldama "era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo".
En esta línea, Luzón detalla las supuestas contraprestaciones que habrían recibido del empresario y su entorno, empezando por "el pago continuado de elevadas cantidades de dinero" --10.000 euros mensuales-- y siguiendo con alquileres de viviendas para ellos o sus parejas, algunas de estas últimas también incorporadas a la plantilla de empresas públicas.