La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha decidido no reabrir el procedimiento penal por el incendio ocurrido el 22 de febrero de 2024 en un inmueble del barrio de Campanar, en Valencia, siniestro en el que murieron diez personas. Los magistrados concluyen que no han aparecido hechos nuevos ni pruebas sobrevenidas que justifiquen retomar la investigación.
Así se recoge en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal desestima en su totalidad el recurso de apelación planteado por las representaciones legales de varios familiares de víctimas mortales y de la Comunidad de Propietarios del edificio afectado.
La Audiencia ratifica el auto de 8 de mayo de 2026 —dictado por la Sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, plaza número 9— que ya rechazó reabrir la causa, así como la resolución de 16 de junio que inadmitió el recurso de reforma. Con este pronunciamiento, la única opción que queda a las familias es acudir al Tribunal Constitucional (TC).
Los allegados de varias de las personas fallecidas recurrieron ante la Audiencia el archivo inicial, alegando la existencia de un elemento novedoso de relevancia: un informe pericial que, según sostenían, introducía aspectos técnicos no examinados durante la fase de instrucción.
Defendían que dicho dictamen incorporaba indicios nuevos, como la posible invalidez o caducidad de los certificados de reacción al fuego empleados para acreditar la idoneidad del revestimiento de la fachada, o la diferencia entre el espesor del material analizado por la Policía Científica (4,5 mm) y el que figura en la documentación aportada por ALUCOIL (4 mm).
Tras analizar este informe, el tribunal ha optado por no reabrir las diligencias. A su entender, “no constituye presupuesto habilitante para la reapertura una mera discrepancia con la valoración jurídica o probatoria ya efectuada por el órgano instructor ni la aportación de nuevas opiniones, análisis o interpretaciones sobre hechos que ya fueron exhaustivamente investigados y sometidos a contradicción durante la instrucción”.
La Audiencia sostiene que la exigencia de novedad para justificar la reapertura “no puede identificarse con la mera incorporación de un nuevo informe pericial cuando éste recae sobre hechos, documentos y circunstancias plenamente conocidos durante la instrucción y ya valorados por los órganos judiciales”.
En la misma línea, considera que el informe presentado “no introduce hechos descubiertos con posterioridad al archivo, ni evidencia documental hasta entonces desconocida, ni resultados obtenidos mediante técnicas de investigación que no hubieran podido ser empleados durante la instrucción”. “Lo que realiza --añade-- es una reinterpretación de la normativa aplicable, de la documentación obrante en la causa y de los informes previamente incorporados a las actuaciones, ofreciendo conclusiones distintas de las alcanzadas durante la investigación judicial”.
Por ello, la Audiencia remarca que el dictamen no puede calificarse como elemento nuevo en sentido procesal, sino como una valoración técnica alternativa de materiales ya obrantes en el procedimiento, “insuficiente por sí sola para dejar sin efecto la firmeza derivada del sobreseimiento provisional acordado”, recalca.
NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO
El tribunal tampoco estima la alegación de las familias relativa a que la instrucción habría pasado por alto el análisis del impacto del Real Decreto 312/2005, al entender que esta norma debía aplicarse al edificio y que su correcta consideración alteraría las conclusiones alcanzadas en la causa.
En este punto, la resolución precisa que la cuestión sobre la normativa aplicable al proyecto constructivo del inmueble fue uno de los asuntos expresamente abordados durante la instrucción, “recibiéndose declaración de técnicos municipales y analizándose la legalidad urbanística y técnica de las licencias concedidas”.
Igualmente, afirma que el debate sobre si resultaba de aplicación la NBE-CPI/96, el Código Técnico de la Edificación o el Real Decreto 312/2005 no constituye un hecho nuevo, sino una controversia estrictamente jurídica que pudo discutirse en la instrucción y en los distintos recursos interpuestos frente a los autos de archivo.
“La aparición de una nueva interpretación normativa no equivale a la aparición de un nuevo elemento probatorio y, por ello, carece de virtualidad para justificar por sí misma la reapertura de unas diligencias ya archivadas”, señala la Audiencia.
La misma respuesta desestimatoria ofrece el tribunal a los argumentos relacionados con la supuesta caducidad de certificados, las divergencias en el espesor detectadas en determinadas muestras o las dudas planteadas sobre la trazabilidad del material utilizado en la fachada.
Y concluye: “La instrucción fue particularmente extensa, se practicó una abundante actividad investigadora y las diversas pretensiones formuladas por las acusaciones fueron objeto de examen expreso tanto por el órgano instructor como por la sección cuarta de la Audiencia”.