La Audiencia Nacional interroga este jueves a Koldo García tras el informe de la UCO sobre las mascarillas de Baleares

Koldo García declara hoy como investigado en la Audiencia Nacional tras el informe de la UCO sobre contratos de mascarillas en Baleares durante la pandemia.

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El exasesor ministerial Koldo García durante su turno de última palabra en el juicio del Tribunal Supremo sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). EUROPA PRESS

El exasesor ministerial Koldo García durante su turno de última palabra en el juicio del Tribunal Supremo sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). EUROPA PRESS

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El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tomará declaración este jueves en calidad de investigado a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de suministro de material sanitario en Baleares durante la pandemia de coronavirus.

García, en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde noviembre de 2025, comparecerá a partir de las 10.00 horas en la sede de la Audiencia Nacional, dentro de la investigación por el supuesto cobro de comisiones ilegales en la compraventa de mascarillas en plena crisis sanitaria.

Ese mismo día estaba igualmente llamado a declarar como investigado el empresario y presunto intermediario del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, aunque el juez decidió aplazar su interrogatorio hasta el próximo 21 de mayo.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado oír a ambos tras el citado informe de la UCO, con la finalidad de profundizar en los vínculos entre los integrantes de la presunta red criminal que habrían conformado, entre otros, el exministro Ábalos, Koldo García y Aldama.

Pagos en efectivo de 10.000 euros bajo sospecha

El informe, difundido a mediados de abril, subrayaba que los contratos sanitarios eran “parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo”, una dinámica que, según la Guardia Civil, permitía al empresario “tener acceso” al entonces titular de Transportes, José Luis Ábalos.

La UCO detalló que la “relación económica” entre Aldama y García se prolongó hasta ocho meses después de que Ábalos y su exasesor fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, tras la remodelación del Gobierno impulsada por el presidente Pedro Sánchez.

Por este motivo, los investigadores sostenían que “este patrón” de pagos de Aldama no respondía a “actuaciones concretas” sino “al aseguramiento de su capacidad de influencia” para obtener “un lucro económico”.

En esta misma semana, el juez instructor se negó a archivar el 'caso Koldo' respecto al exasesor ministerial y mantuvo la citación de García, después de que su defensa reclamara suspender la declaración y el sobreseimiento del procedimiento.

Debate sobre hechos ya enjuiciados en el Supremo

La abogada de García, Leticia de la Hoz, alegó en un escrito que los hechos que se analizan en la Audiencia Nacional ya fueron objeto de enjuiciamiento en el Tribunal Supremo, donde Ábalos, Koldo y Aldama aguardan la sentencia de la Sala de lo Penal tras el juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas.

Ese juicio se celebró en el alto tribunal el pasado mes de abril, debido a la condición de diputado aforado que ostentaba el exministro Ábalos cuando fue procesado.

Durante la vista oral, Koldo defendió su inocencia y sostuvo que no decidió “nada” en la compra de mascarillas desde Transportes durante la pandemia, asegurando que Ábalos únicamente le encomendó centrarse en la recepción del material sanitario y que lo que hizo fue “intentar ayudar”: “En todo lo que pude y en lo que me pedían”.

En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno mantiene abiertas varias líneas de investigación dentro del 'caso Koldo', siendo la principal la relativa a las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas.

En esta causa también se analizan presuntos amaños en contratos de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para afrontar gastos anticipados, una pieza que permanece bajo secreto de sumario.