La Audiencia Nacional ha decidido no admitir la solicitud de Villafuel para que comparezcan como testigos dos auditores y tres asesores que participaron en el sistema de prevención de riesgos penales de la compañía, señalada como posible núcleo del 'caso hidrocarburos'.
Según consta en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los jueces de la Sala de lo Penal avalan la resolución previa del instructor, Santiago Pedraz, que ya había rechazado hace meses la práctica de estas declaraciones testificales.
Pedraz dirige la investigación sobre una supuesta trama delictiva encabezada por los empresarios Claudio Rivas, propietario de Villafuel, y Víctor de Aldama, considerado conseguidor del 'caso Koldo', que habría articulado un fraude de 200 millones de euros en el IVA vinculado a operaciones con hidrocarburos.
En julio, Villafuel instó la comparecencia de cinco especialistas vinculados a su sistema de cumplimiento normativo penal, al entender que su declaración podría ayudar a aclarar lo sucedido. No obstante, el juez inadmitió esa diligencia en una providencia dictada en agosto.
La compañía respondió con un recurso de apelación en el que denunciaba "arbitrariedad en la inadmisión por la falta de motivación" y recordaba que el instructor "debe de practicar las diligencias de investigación que hayan sido propuestas por las partes personadas en el procedimiento, siempre que estas resulten pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos".
La defensa de Villafuel sostuvo igualmente que los expertos que diseñaron y pusieron en marcha el plan de prevención penal serían quienes podrían acreditar de primera mano si los controles internos de la empresa se aplicaban de forma efectiva.
Ahora, los magistrados de la Audiencia Nacional se remiten a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para concluir que el recurso de apelación "sólo es admisible contra autos, no contra providencias, respecto de las que puede interponerse recurso de reforma, frente al que ya se podrá interponer recurso de apelación".
"Es así inadmisible el recurso de apelación directo que ha interpuesto la defensa del recurrente, en el que además denuncia la falta de motivación de la resolución recurrida, que podría haber obtenido mediante la interposición del adecuado recurso de reforma contra la providencia recurrida en apelación", aducen.
Para el tribunal, la prueba planteada por Villafuel persigue facilitar la eventual aplicación de una exención de responsabilidad penal a la mercantil, de modo que "sería más bien apta para practicarse en el juicio oral, no durante la instrucción para la que resulta innecesaria y dilatoria".
"Debe recordarse que, durante la fase de instrucción, las diligencias de investigación han de limitarse a las necesarias para acordar el procedimiento adecuado para el enjuiciamiento o, por el contrario, el sobreseimiento de las actuaciones", agregan.
Por ello, "no se trata, por tanto, en ese momento procesal de precisar todas y cada una de las circunstancias que concurrieron en la realización de los hechos investigados, sino solo aquellas que puedan ser relevantes para esa decisión", indican los magistrados al cerrar la puerta a estas testificales en la fase de instrucción.