La Audiencia Provincial de Almería ha puesto en marcha la ejecución de la condena a cuatro años de cárcel impuesta al futbolista Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido contra una mujer en julio de 2017 en el interior de una furgoneta aparcada cerca de una discoteca de Mojácar (Almería).
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ordena iniciar los trámites necesarios para hacer efectiva la pena de prisión y concede a las partes un plazo de diez días para presentar alegaciones sobre la forma o condiciones en que debe cumplirse el fallo.
La resolución, fechada el pasado 19 de octubre, también acuerda la ejecución de la medida de alejamiento que impide al delantero aproximarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella durante 12 años, y ofrece a la acusación particular, representada por el letrado Iván Bolaño, la posibilidad de formular alegaciones sobre el modo de satisfacer la responsabilidad civil de 25.000 euros fijada en la sentencia.
El Tribunal Supremo declaró firme la condena a finales de septiembre, después de que la Sala de lo Penal rechazara la petición de absolución de la defensa, que sostenía que el jugador actuó bajo un error vencible sobre el consentimiento de la mujer.
Según la sentencia, "el acusado aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos, interrumpiendo su actuación cuando percibió que la continuación exigiría vencer una oposición mediante la fuerza".
La Sala de lo Penal concluye que este relato "no contiene ningún elemento que permita afirmar que el acusado recibió una manifestación de consentimiento que interpretó de forma equivocada".
Asimismo, subraya que la sentencia de apelación "eliminó la referencia al prevalimiento", pero "dejó expresamente establecido que el relato de instancia no describía consentimiento" de la víctima respecto de ninguno de los dos actos sexuales.
En consecuencia, los magistrados desestiman los argumentos del recurso de casación interpuesto por el condenado contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirmó la pena de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Almería, aunque redujo de 50.000 a 25.000 euros la indemnización por el daño moral causado a la víctima.
TAMBIÉN RECHAZA EL RECURSO DE LA VÍCTIMA
"Sí puede atenderse, por resultar asumido expresamente por la Audiencia, a que el acusado cesó cuando la perjudicada le pidió que parara. Pero, como ya se ha expuesto, ese hecho acredita el momento en que finalizó la actuación y explica que el Tribunal descartara la utilización de violencia o intimidación; no establece que --la víctima-- hubiera consentido previamente ni que el acusado creyera que lo hacía", relata la sentencia.
Además, indicaba que "no incorpora dato alguno que refleje que Santiago Mina interpretara erróneamente una manifestación de anuencia, ni permite deducir necesariamente esa falsa representación de las circunstancias declaradas probadas".
El Supremo también ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la víctima, en el que reclamaba, entre otras cuestiones, que el acusado fuera condenado por un delito de agresión sexual con penetración y que se le impusiera una pena de ocho años de prisión.
Sobre este extremo, el alto tribunal concluye que el relato de hechos probados no recoge que el futbolista empleara violencia con función instrumental.
Con carácter subsidiario, la víctima solicitó que la pena se elevara a seis años al entender que Mina llevó a cabo "dos actos sexuales penetrativos plenamente diferenciados" y de forma sucesiva, pretensión que también fue desestimada por el tribunal.
Igualmente, el Supremo rechazó condenar como cooperador necesario o, alternativamente, como cómplice del delito sexual atribuido al futbolista al otro acusado, que había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Almería.
Santi Mina permanece actualmente sin equipo. Entre otros clubes, militó en el Celta de Vigo, entidad que rescindió de forma unilateral su contrato en agosto de 2023 tras hacerse pública la sentencia condenatoria.