El Parlamento Europeo ha decidido este martes volver a retirarle la inmunidad parlamentaria al líder de Se acabó La Fiesta (SALF), el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. Es la segunda vez en un mes que la Eurocámara adopta esta medida, en esta ocasión para que el Tribunal Supremo (TS) pueda juzgarle por la presunta financiación ilegal de su formación política.
En una votación a mano alzada celebrada en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados han respaldado casi por unanimidad el suplicatorio cursado por el Supremo, en el que se solicita investigar y enjuiciar a 'Alvise' por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, estafa y delitos electorales.
La resolución llega después de que la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara elevara el pasado 5 de mayo al pleno su propuesta de levantar la protección parlamentaria. Es la segunda vez que se le priva de este amparo, dado que el 28 de abril una mayoría de eurodiputados ya autorizó al Supremo a procesarle por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación en Valencia, Susana Gisbert.
En esta ocasión, el alto tribunal reclamó a la Eurocámara la retirada de la inmunidad de 'Alvise' para poder seguir adelante con una investigación sobre un pago de 100.000 euros efectuado por el empresario Álvaro Romillo, conocido como 'Cryptospain', a Se Acabó la Fiesta (SALF) con vistas a las elecciones europeas de 2024.
Junto a la causa por el presunto acoso en redes a Susana Gisbert y la supuesta financiación irregular de SALF, el Supremo mantiene abiertas otras tres investigaciones contra 'Alvise', entre ellas por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.
El dirigente de SALF afronta además otra causa más reciente por el supuesto acoso a dos eurodiputados que se presentaron con SALF a las elecciones europeas de 2024 y que posteriormente se desvincularon del partido; y una quinta investigación, incoada el pasado 19 de marzo a raíz de una querella promovida por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por un presunto delito de amenazas.