La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la resolución dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en el caso del matrimonio acusado de mantener a sus tres hijos encerrados en una vivienda de Fitoria, en Oviedo, durante casi cuatro años.
En su escrito, el Ministerio Público solicita que la Sala deje sin efecto parte de la sentencia y condene también a la pareja por los tres delitos de detención ilegal de los que resultaron absueltos. La Audiencia Provincial apreció únicamente la concurrencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y otro de abandono de familia.
Condena inicial de la Audiencia Provincial
El pasado 11 de mayo, la Audiencia Provincial impuso a cada uno de los progenitores una pena de dos años y cuatro meses de prisión por un delito de violencia psíquica habitual en el entorno familiar. Por el delito de abandono de familia, se fijó para cada uno de ellos una pena adicional de seis meses de cárcel.
Asimismo, el tribunal acordó que, durante tres años y cuatro meses, los padres queden inhabilitados para ejercer la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento, además de prohibirles acercarse a los menores a menos de 300 metros de su domicilio, centro educativo o cualquier lugar que frecuenten.
La resolución judicial absolvió al matrimonio de los delitos de detención ilegal que también se les imputaban y les impuso el abono de una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los menores afectados.
Reacción del Gobierno del Principado
Pocos días después de hacerse pública la sentencia, el Gobierno del Principado de Asturias anunció su intención de recurrir el fallo de la Audiencia Provincial. El Ejecutivo autonómico fundamenta su impugnación en que el tribunal haya exonerado a los progenitores del delito de detención ilegal, una tipificación que la acusación considera probada a la vista de la situación de aislamiento en la que vivieron los menores.
“Vamos a recurrir porque no compartimos que la Audiencia no haya tenido en cuenta el delito de detención ilegal”, afirmó el 16 de mayo la consejera de Derechos Sociales y Bienestas, Marta del Arco.