La Audiencia Provincial de Lugo celebró este jueves el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una amiga en octubre de 2024 en Burela, para el que ahora se reclaman 12 años de cárcel. La Fiscalía modificó su escrito de acusación justo antes de iniciarse la vista y rebajó la petición inicial de 14 años, teniendo en cuenta que el acusado se hallaba en España en situación administrativa irregular. La acusación particular, por su parte, solicita una indemnización de 15.000 euros para la mujer, 5.000 euros más de lo que plantea la fiscal.
Los hechos se sitúan el 28 de octubre de 2024 cuando, según el ministerio público, la denunciante había comunicado al procesado, con quien mantenía desde hacía aproximadamente mes y medio una relación exclusivamente sexual, que quería poner fin a esos encuentros porque había comenzado otra relación. Ambos acordaron verse para despedirse, pero ella le dejó expresamente claro que no deseaba mantener relaciones sexuales en esa cita.
De acuerdo con el testimonio de la mujer, después de recogerlo en Burela se dirigieron al monte Castelo, un lugar que solían visitar con frecuencia. Allí, el hombre empezó a besarla y a intentar desnudarla, pese a las reiteradas negativas de ella. Relata que la sacó por la fuerza del coche, la inmovilizó y logró bajarle los pantalones para penetrarla analmente sin su consentimiento y sin preservativo. Según su declaración, el acusado le comentó después que había eyaculado fuera.
En su comparecencia ante el tribunal, la víctima manifestó que habían mantenido unos doce encuentros sexuales previos y que nunca habían tenido conflictos, motivo por el que “confiaba en él y no tenía miedo”. Insistió en que aquel día no quería mantener relaciones sexuales y que se lo había reiterado por teléfono en varias ocasiones antes de acudir a la cita. Sin embargo, explicó que, una vez en el monte, él comenzó a tocarla y, pese a que le pidió que se detuviera, acabó obligándola a mantener relaciones por vía anal.
La mujer relató que entró en estado de shock y que no fue capaz de reaccionar de forma normal para impedir que se consumara la agresión. Tras lo ocurrido, regresó a la vivienda en la que reside con sus padres y su hija, sin contarles inicialmente lo sucedido. Más tarde mantuvo conversaciones por WhatsApp con el acusado en las que, según ha indicado, este llegó a pedirle perdón, aunque en los mensajes también sostenía que no la había forzado. La denunciante borró posteriormente esos chats, “por rabia y vergüenza”.
Fue después de comentar lo ocurrido con una amiga cuando tomó la decisión de acudir a las autoridades. Siguiendo sus consejos, llamó al teléfono 116, desde donde fue derivada al hospital y a la Guardia Civil. Durante el juicio, la mujer negó que la ruptura se debiera a que estuviese conociendo a otra persona y explicó que ese argumento se utilizó únicamente para justificar ante él el final de la relación.
En la vista declaró igualmente el médico forense que la examinó en el hospital y se encargó de la recogida de muestras. El especialista señaló que la mujer no presentaba signos externos de violencia y que se mostró tranquila durante la exploración. No obstante, subrayó que su relato resultaba coherente y sin elementos inverosímiles.
El perito recordó que una agresión sexual puede producirse sin dejar lesiones físicas visibles y que un estado de shock o bloqueo, como el descrito por la denunciante, puede explicar la ausencia de una reacción defensiva. También confirmó que los análisis practicados arrojaron un resultado negativo y que no se encontraron restos de semen. En este sentido, precisó que habían pasado unas 15 horas desde los hechos y que la mujer acudió al hospital después de haberse aseado, circunstancia que “limita” de forma importante los posibles hallazgos en las muestras biológicas.
La letrada de la defensa cuestionó varios extremos de la acusación, incidiendo en la ausencia de heridas, erosiones o restos biológicos del procesado. También mostró su incomprensión por el hecho de que la mujer se hubiese duchado antes de ir al hospital y formalizar la denuncia, así como por la falta de resistencia física durante la supuesta agresión, en la que no habría intentado huir. Del mismo modo, puso en duda que borrase los mensajes telefónicos intercambiados tras lo ocurrido.
Durante el juicio declararon asimismo los dos guardias civiles que instruyeron las diligencias, quienes confirmaron que las manifestaciones de la víctima durante la investigación coincidían con las que realizó en un primer momento. En cuanto al acusado, señalaron que siempre sostuvo que las relaciones sexuales fueron consentidas.
Sobre el procesado pesaba, desde el 30 de octubre de 2024, una orden de alejamiento de la víctima dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Viveiro como medida cautelar. Dicha prohibición le impide acercarse a menos de 200 metros de la mujer, de su domicilio, de su centro de trabajo o de otros lugares que frecuente, así como comunicarse con ella por cualquier vía.
En su escrito actual, la Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión sexual y reclama 12 años de prisión, además de la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima durante otros siete años, la imposición de cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para actividades que supongan contacto habitual con menores. Asimismo, interesa su expulsión del territorio español una vez cumplida la condena, al encontrarse en situación irregular en España.