La Fiscalía ha solicitado que el procesado por el asesinato de Maialen Mazón sea sentenciado a 45 años de cárcel al considerar que, cuando acabó con la vida de la joven —su esposa, embarazada de mellizas en el momento de los hechos—, actuó de forma “consciente y voluntaria” y con la intención de hacerla “sufrir especialmente”, ya que su hija de dos años, a la que posteriormente dejó abandonada, presenció el apuñalamiento.
Este miércoles, la Audiencia Provincial de Álava celebra la octava y última vista del juicio por la muerte de Maialen, que recibió 13 puñaladas el 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria-Gasteiz.
El Ministerio Público —cuyo escrito de acusación y petición de condenas coincide en lo esencial con el del resto de acusaciones— reclama 25 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco y de motivos de género; ocho años de cárcel por cada uno de los dos delitos de aborto con agravante de parentesco, por la muerte de las mellizas; y cuatro años adicionales por un delito de abandono de menor.
Asimismo, pide que el acusado indemnice con 500.000 euros a la hija común y con 250.000 euros al padre de Maialen, además de la retirada de la patria potestad sobre la niña.
En su informe final, la Fiscalía ha remarcado que las grabaciones del establecimiento hotelero prueban que el acusado accedió a la habitación de Maialen a las 19.08 horas del 27 de mayo y que a las 19.54 salió con las zapatillas manchadas de sangre, un intervalo que “cuadra” con el momento de la muerte fijado por los forenses.
Del mismo modo, ha recordado que las cámaras registraron cómo J.R. regresó al cuarto a las 20.41 horas y salió tres minutos después portando una bolsa de la que sobresalía un cuchillo.
La fiscal también ha hecho referencia a los mensajes que el acusado envió a un amigo a la mañana siguiente, en los que escribió: “La he liado” y “se ha liado gorda”. Ha añadido que los análisis practicados a la ropa que vestía cuando fue detenido, mientras viajaba en taxi hacia Valencia la tarde del 28 de mayo, confirman que la sangre de esas prendas pertenecía a Maialen.
Según la representante del Ministerio Público, el acusado actuó con alevosía, al atacar a la víctima de forma “sorpresiva” y cuando se hallaba “desvalida” por la mezcla de alcohol y ansiolíticos. Ha incidido en que la joven estaba sentada cuando comenzó la agresión y que en ningún momento pudo defenderse de manera efectiva.
El Ministerio Público aprecia igualmente ensañamiento en la conducta de J.R., al considerar que “aumentó deliberadamente su sufrimiento”, ya que al apuñalar a Maialen delante de su hija, la víctima sufrió además la angustia de lo que pudiera pasarle a la niña, “en absoluto estado de indefensión”. La Fiscalía sostiene que la pequeña no fue localizada en la sillita, sino sobre la cama, porque el acusado la trasladó allí cuando volvió a la escena del crimen para recoger el cuchillo.
La fiscal entiende que concurre la agravante de género, puesto que el propósito de J.R. al matar a su esposa era “perpetuar el dominio” sobre ella, un control que temía perder desde que la joven había regresado a Vitoria, retomado el vínculo con su familia e iniciado una “incipiente relación” con otro hombre.
En una parte de su intervención, la fiscal ha censurado el “gran fallo” en la “protección policial” de Maialen: aunque la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana —donde residía antes de volver a Vitoria— la había catalogado como víctima de “riesgo extremo”, al ser evaluada por la Ertzaintza en la capital alavesa se rebajó la valoración a “riesgo bajo”.
Tras apuntar que, después de “los terroríficos hechos de este caso”, se han modificado los protocolos, ha recalcado que “no es cierto que sea difícil proteger a una mujer si no quiere ser protegida”, ya que es “obligación” de la Justicia y de la Policía “actuar de oficio”.
En su informe, apoyándose en las declaraciones y pruebas practicadas en la vista oral, ha señalado que J.R. “controlaba” a su esposa e incluso accedía, mediante un programa instalado en su teléfono, a las conversaciones que mantenía con otras personas. Ha subrayado que no le dejaba disponer de dinero sin justificar los gastos y que llegaba a racionarle la insulina necesaria para su diabetes, con el objetivo de “mantenerla permanentemente sometida”.
En esta línea, ha indicado que cuando aquella tarde en el apartahotel J.R. constató que “no había vuelta atrás” en la decisión de su esposa de separarse, “decidió matarla”.
La fiscal ha mostrado sus dudas sobre el informe psiquiátrico presentado por la defensa, que concluye que el acusado no era consciente de sus actos al matar a Maialen porque sufrió una “desconexión” de la realidad, derivada de supuestos trastornos psiquiátricos previos, su dependencia del alcohol y las drogas y el “trastorno de estrés agudo” que habría experimentado durante una discusión con la víctima previa a la agresión.
Frente a este dictamen, ha recordado que los forenses de Castellón que examinaron a J.R. sostienen que, aunque ese trastorno de estrés agudo pudo darse, no fue anterior, sino posterior al apuñalamiento de Maialen, y que el desencadenante tuvo que ser el propio crimen, dado que una simple discusión no basta para provocar un trauma de esa entidad.
También ha enfatizado que tanto los forenses de Castellón como los médicos y psiquiatras que lo atendieron en Álava han acreditado “meridianamente” que J.R. “no sufre ningún tipo de enfermedad mental” que pudiera “anular su capacidad de entender y querer” en el momento de los hechos.
La Fiscalía ha resaltado igualmente que las imágenes de las cámaras muestran que J.R. intentó disimular las manchas de sangre de su camisa poniéndose una chaqueta; que trató de limpiar los restos de sangre de sus zapatillas y que lavó el cuchillo empleado en el crimen para ocultarlo después. “No hay ningún tipo de trastorno mental transitorio; estaba perfectamente cuando mató a Maialen”, ha afirmado.
En este sentido, ha recordado que las personas que estuvieron con él antes y después del asesinato relatan que “no hizo nada raro” ni “incoherente”, y que, aunque se le veía algo “triste”, “no deliraba”.
Por todo ello, ha insistido en que el informe pericial de la defensa alcanza conclusiones “erróneas”, porque “dan por sentado datos no demostrados”. “No hay ningún relato de qué hecho traumático desencadenó la fuga disociativa”, ha recalcado.
Por el contrario, ha defendido que el acusado mantuvo una conducta “encubridora”, incompatible con una actuación “errática o automática”, tal como sostiene la defensa. “Hizo lo que pudo para salvarse; volvió a por el cuchillo y se deshizo de él; pidió ayuda para alojarse con otra identidad en un hostal”, ha señalado.
Además, ha explicado que, si al día siguiente del crimen llamó al padre de Maialen para preguntarle por el paradero de esta, fue para fabricarse “una coartada”, y que solo le facilitó el número de habitación del apartahotel cuando el hombre le advirtió de que avisaría a la Policía si no lo hacía.
La fiscal ha añadido que el acusado manifestó a algunos amigos y al padre de la víctima su deseo de que Maialen abortara, y que uno de sus objetivos al matarla fue también “poner fin al embarazo”. Ha remarcado, asimismo, que J.R. dejó sola en el escenario del crimen a su hija de dos años, que permaneció allí cerca de 18 horas hasta ser localizada.