La magistrada que instruye la causa por el apaleamiento de un muñeco que simbolizaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la sede federal del PSOE en la Nochevieja de 2023 ha decidido aplazar la comparecencia como testigo del exsecretario de Estado de Comunicación del Gobierno, Francesc Vallés, prevista para este jueves, al no haberse logrado su citación formal.
La jueza había requerido la presencia de Vallés con el fin de aclarar el contenido y la recepción del resumen de prensa que llegó a manos de Sánchez el 1 de enero de 2024, pocas horas después de los hechos. No obstante, el llamamiento oficial no ha podido materializarse, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas conocedoras del procedimiento.
El despacho Valmaseda Abogados, que ejerce la defensa de uno de los investigados, ha indicado a Europa Press que “las dificultades para la localización efectiva del testigo, unidas a la premura de los plazos procesales, han impedido igualmente al órgano judicial practicar la correspondiente citación”.
De acuerdo con la misma firma legal, Vallés trasladó su negativa a acudir de forma voluntaria mientras no exista un requerimiento judicial formal ajustado a las garantías previstas en la ley.
Violencia política e intimidación
Sánchez declaró por escrito ante la instructora que el apaleamiento de ese muñeco supuso una “apelación directa” a su “muerte” y una “invitación real” para que alguien “se atreviera a pasar de la mera puesta en escena al ataque real” contra él o contra su familia, según su testimonio, al que tuvo acceso esta agencia de noticias.
Personado como acusación particular, el también secretario general del PSOE explicó que tuvo noticia de lo ocurrido a primera hora del 1 de enero a través de un resumen de prensa elaborado por su propio gabinete.
Así conoció la “repugnante agresión y destrucción” de la figura representativa de su persona y comprobó que, en las emisiones en directo difundidas por redes sociales, proliferaban “comentarios violentos, soeces, injuriosos y ofensivos” contra su integridad, según expone el presidente.
Sánchez sostuvo que lo que se anunció como “un acto lúdico y de protesta política” —tomar las uvas frente a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz— “ocultaba una acción perfectamente organizada de violencia política e intimidación”.
Insinuaciones homicidas y clima de odio
Relató que percibió que la concentración derivó en “una violenta manifestación de odio” en la que se exhibieron símbolos preconstitucionales y se profirieron coacciones y amenazas dirigidas contra él, según remarcó ante el juzgado.
“No sólo se vertieron graves ofensas e insinuaciones homicidas que alcanzaban incluso a miembros de mi familia, sino que el momento culminante de la puesta en escena incluía la exhibición de una figura representativa de mi persona que, tras ser colgada de un semáforo, era golpeada, apaleada y despedazada”, indicó.
Del mismo modo, advirtió de que la “deshumanización” hacia él y su entorno generada por el apaleamiento “podía legitimar la comisión de actos violentos contra personas y espacios vinculados” al PSOE.
“Soy consciente del impacto de los hechos relatados y del clima de intimidación que, en último término, perseguía un acto repleto de simbología contraria a nuestro sistema de libertades. No era a Pedro Sánchez a quien se estaba ‘colgando, apaleando y quemando en público’, sino a quienes exhiben sintonía o militancia con un proyecto político plenamente comprometido con nuestro ordenamiento constitucional y la democracia en España”, incidió.