Las acusaciones en el juicio contra el hombre procesado por la muerte de un varón de 73 años en Bilbao en octubre de 2021, al que también se le atribuyen cinco fallecimientos y dos intentos de asesinato de hombres con los que concertaba encuentros a través de una aplicación de citas para homosexuales, mantienen sus peticiones de condena de hasta 30 años de prisión por asesinato con alevosía y estafa, mientras que la defensa reclama la libre absolución al entender que "no se ha probado absolutamente nada".
La Audiencia Provincial de Vizcaya ha celebrado este martes la quinta jornada del juicio con jurado contra el acusado, de 29 años, por la muerte del hombre de 73 años el 5 de octubre de 2021 en su domicilio de Bilbao, fallecimiento que se habría producido por una insuficiencia cardiorrespiratoria, y por un presunto delito de estafa de 3.000 euros. Es el segundo juicio con jurado por una de las cinco muertes que se le imputan.
El procesado, que permanece en prisión, suma ya condenas que alcanzan los 37 años por el asesinato con alevosía de otro hombre con el que se citó mediante una app de contactos para homosexuales en octubre de 2021, por una tentativa de asesinato en diciembre de ese mismo año y por estafa continuada al extraer dinero de una tarjeta bancaria cuyo titular había fallecido, causa que el Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir tras haberse archivado al no apreciarse inicialmente signos de violencia.
En la sesión de este miércoles se han reproducido pruebas documentales y se han presentado las calificaciones finales e informes definitivos de las partes. El Ministerio Fiscal ha ratificado su petición de 16 años de prisión por homicidio y estafa continuada, mientras que la acusación particular ha hecho definitiva su solicitud de 30 años por asesinato y robo con violencia, con la agravante de reincidencia.
La acusación popular, ejercida por Gehitu, Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, ha confirmado igualmente sus conclusiones y reclama casi 29 años de cárcel por asesinato con alevosía, con la agravante de discriminación por orientación sexual, y estafa informática, en tanto que la defensa insiste en la libre absolución.
En el apartado de responsabilidad civil, las acusaciones solicitan indemnizaciones de entre 42.000 y 65.000 euros para los familiares del fallecido, además de la devolución de los 3.000 euros que el encausado habría transferido desde la cuenta bancaria de la víctima a la suya propia.
En su informe, la fiscal ha considerado "acreditado que, más allá de toda duda razonable, el acusado sí cometió los hechos y que, por lo tanto, es culpable de los delitos de los que se le acusa".
La representante del Ministerio Público ha explicado que la autopsia sitúa el fallecimiento en torno a las 21.00 horas del 5 de octubre de 2021 y ha destacado que, "en el mismo momento aproximado del fallecimiento y tal y como ha quedado plenamente acreditado de manera documental", se ejecutan dos transferencias desde la cuenta de la víctima "a una cuenta que ha resultado ser de la titularidad única del acusado", por importes de 2.000 euros a las 21.00 horas y de 1.000 euros a las 21.02 horas.
Tras remarcar que "esta coincidencia temporal entre el momento aproximado del fallecimiento y el momento en que tienen lugar las transferencias resulta de suma importancia", la fiscal ha indicado que, según la entidad bancaria de la víctima, ésta accedía a la app de su cuenta con su DNI y también "mediante huella digital registrada en su dispositivo", que igualmente se desbloqueaba con huella.
Del análisis del teléfono móvil del fallecido, ha añadido, "se constata que el último acceso a la aplicación tuvo lugar el 5 de octubre de 2021 a las 20.56 horas y que a las 21.00 y 21.02 recibió dos mensajes de la entidad conteniendo la clave numérica de confirmación de un solo uso de cada una de las transferencias", mensajes que después fueron "borrados manualmente".
Aunque agentes de la Ertzaintza señalaron que no es posible desbloquear un móvil con huella dactilar si su propietario ha muerto, la fiscal ha defendido que ello no invalida su tesis porque "las horas a las que tiene lugar el acceso a la aplicación bancaria y las transferencias coinciden con el momento aproximado de la muerte".
Según ha expuesto, con una franja estimada de fallecimiento entre las 20.00 y las 22.00 horas, la deducción lógica es que "para acceder a la app y realizar las transferencias" la víctima "estaba aún viva, pero tuvo que fallecer en los momentos posteriores".
También ha dado por probado que el acusado contactó con el fallecido a través de una aplicación de citas, que "concertaron un una cita que tendría lugar en el domicilio" del hombre de 73 años y que el teléfono del encausado figuraba en el móvil de la víctima.
El acusado, ha sostenido, "acudió al domicilio y, encontrándose en el mismo y para obtener un beneficio económico, no dudó en causar la muerte" del septuagenario, "empleando la huella dactilar del mismo para acceder a su teléfono, a la aplicación bancaria y realizar las transferencias, mientras todavía tenía vida" y "acto seguido abandonó el domicilio".
Ha recordado además al jurado que, conforme a los informes de telefonía y al estudio de las antenas, la Ertzaintza ve "compatible" que el procesado estuviera entre las 20.20 y las 21.15 horas en las inmediaciones de la vivienda de la víctima, en la calle Gabriel Aresti, y hacia las 21.30 horas cerca de su propio domicilio, en la calle Cantera.
Asimismo, ha apuntado que la investigación del conjunto de los presuntos homicidios, asesinatos y tentativas de asesinato que se le atribuyen revela "a las claras un patrón: que recibía dinero de las víctimas y que cuando se gastaba, acudía a buscar nuevos ingresos".
Ha señalado también que, según los forenses, aunque se certificó inicialmente una muerte natural, no puede descartarse la asfixia como causa del fallecimiento y que la ausencia de huellas en la vivienda se explica porque las diligencias de búsqueda de indicios se practicaron nueve meses después, dado que cuando se halló el cadáver no se sospechó una muerte violenta.
Debate sobre el asesinato con alevosía
Las acusaciones particular y popular han respaldado la narración de los hechos de la Fiscalía. El letrado de la familia ha subrayado que lo relevante es que la defunción "es compatible con una muerte homicida" y eleva la calificación a asesinato con alevosía, al entender que el fallecido estaba "confiado, relajado y esperando una agradable velada", lo que "evita cualquier tipo de respuesta". "La posibilidad de defensa era nula dadas las circunstancias físicas de uno y otro", ha remarcado.
Desde la acusación particular califican los hechos como asesinato con alevosía, con la agravante de discriminación por orientación sexual homosexual, al considerar que fue el "factor diferenciador que determinó" que el acusado seleccionara a la víctima.
La defensa, por su parte, ha denunciado que en esta causa existe "una alineación conveniente de piezas que han ido encajándose con ciertos esfuerzos de las acusaciones", que "no han probado absolutamente nada" pese a haberse esforzado "de forma denonada". Su patrocinado, ha indicado, "siempre ha declarado exactamente lo mismo" y ha reconocido que "recibía tarjetas de crédito y sacaba dinero, que había terceras personas implicadas y que el no era la persona en ningún caso que mató o asesinó a nadie" porque "ni siquiera estuvo" con las víctimas.
Para este miércoles está prevista la entrega del objeto del veredicto al tribunal del jurado, que posteriormente se retirará para iniciar sus deliberaciones. El acusado ha renunciado a ejercer su derecho a la última palabra.