Las compensaciones recibidas por acogerse a un plan de prejubilación o a un programa de bajas incentivadas deberán integrarse en la base del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando no haya en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE), según una resolución de unificación de criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo con los cálculos realizados por los expertos fiscales de TaxDown a raíz de este fallo, la diferencia entre que la indemnización esté exenta o tribute puede oscilar entre los 22.000 euros y más de 60.000 euros, dependiendo del salario, de la cuantía percibida y de la comunidad autónoma de residencia.
Hasta ahora, numerosos empleados que se adherían a estos planes de salida anticipada solicitaban a la Agencia Tributaria aplicar la exención contemplada en la Ley del IRPF para las indemnizaciones por despido, basándose en una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 relativa a Banca Cívica.
No obstante, el TEAC ha limitado el alcance de esa doctrina al entender que dichas salidas solo pueden considerarse forzosas cuando exista un despido colectivo en curso; en caso contrario, se trata de ceses voluntarios cuyas cantidades percibidas se califican como rendimientos del trabajo sujetos a gravamen.
El TEAC subraya además que la existencia de un ERE no depende de la percepción del empleado, sino que constituye un procedimiento formal de negociación con los representantes de los trabajadores y comunicación a la autoridad laboral.
La resolución parte del recurso planteado por un trabajador de banca que abandonó su entidad en 2021 mediante un acuerdo de prejubilaciones y bajas incentivadas, meses antes de que la empresa firmara un ERE.
Aunque el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana dio la razón al contribuyente en 2025, la Agencia Tributaria recurrió al TEAC, que ha fijado este nuevo criterio para casos futuros respetando, no obstante, la situación particular de dicho trabajador.
Impacto fiscal y opciones legales
La medida afecta a quienes hayan salido o salgan de su compañía mediante planes voluntarios sin un ERE vigente -un supuesto habitual en la banca, aunque aplicable a cualquier sector- y complica las reclamaciones pendientes en vía administrativa.
Aunque los afectados podrán aplicar en la mayoría de los casos la reducción del 30% prevista para este tipo de rentas, el resto se sumará a sus ingresos anuales y tributará al tipo marginal.
Según las estimaciones de TaxDown para un contribuyente soltero, sin hijos, con un sueldo de 40.000 euros y que cobre una indemnización de 80.000 euros de una sola vez en el mismo ejercicio, con ERE pagaría unos 7.200 euros de IRPF en Madrid y unos 7.900 en Barcelona (solo por su salario), frente a los 29.600 euros en Madrid y 31.100 en Barcelona sin ERE, lo que supone abonar unos 22.000 o 23.000 euros más.
Si el sueldo es de 70.000 euros, con una indemnización de 140.000 euros, la factura fiscal pasa de unos 17.800 euros en Madrid y 19.100 en Barcelona con ERE a unos 60.000 y 64.000 euros respectivamente sin ERE, una diferencia cercana a los 42.000 euros en Madrid y 45.000 en Barcelona.
En el caso de un sueldo de 100.000 euros y una indemnización de 300.000 euros, incluso con despido colectivo solo estarían exentos los primeros 180.000 euros (el máximo legal), mientras que sin ERE tributaría la totalidad de la indemnización (con la reducción aplicable), por lo que el impuesto subiría de unos 67.000 euros en Madrid y 72.000 en Barcelona a unos 121.000 y 132.000 euros, respectivamente.
Desde TaxDown recuerdan que el criterio del TEAC vincula a la Agencia Tributaria y a los tribunales económico-administrativos, pero no a los jueces, por lo que los afectados aún pueden acudir a la vía contencioso-administrativa.
“Antes de firmar un plan de prejubilación conviene comprobar si la empresa tiene abierto un despido colectivo y hacer números. Quienes ya hayan salido sin ERE y tengan una reclamación en marcha deben saber que en Hacienda lo tendrán muy complicado y que su opción pasa por los tribunales”, ha advertido el experto fiscal de la firma Aitor Fernández.