La campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre no supondrá una pausa para la actividad judicial. En las próximas semanas seguirán celebrándose declaraciones de investigados y testigos en algunos de los procedimientos más mediáticos de la Audiencia Nacional, entre ellos el 'caso Koldo', el 'caso Leire Díez', el 'caso Plus Ultra' y la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
Los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, también continuarán con su calendario, con varias testificales fijadas en la causa por las presuntas irregularidades en el rescate de Air Europa. Entre las personas citadas figuran la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón.
Los órganos judiciales seguirán trabajando a pleno rendimiento en un momento en el que, por tradición, los jueces suelen evitar adoptar resoluciones de gran impacto, atendiendo a la regla no escrita de no interferir en los periodos electorales.
Con el arranque oficial de la campaña, el 17 de noviembre el juez tomará declaración al excargo de Adif Ignacio Zaldívar, investigado en el 'caso Koldo'. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias por su supuesta intervención en la contratación irregular en la empresa pública Tragsatec de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Fue el propio Zaldívar quien pidió al instructor del procedimiento, Ismael Moreno, comparecer como investigado de forma voluntaria “a fin de poder completar, precisar y aclarar los hechos”.
Un día después, el 18 de noviembre, deberá declarar el exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, primer imputado en la causa en la que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón examina la entrada masiva de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio.
Las grandes causas de la Audiencia Nacional y el rescate de Plus Ultra
El 19 de noviembre el protagonismo se trasladará al 'caso Plus Ultra'. Ese día están citados como testigos José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Félix Martín, exdirector financiero de la aerolínea.
Ambos comparecerán ante el juez instructor, José Luis Calama, que indaga en la presunta red de tráfico de influencias que habría operado en torno al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a Plus Ultra durante la pandemia.
En la segunda semana de campaña, el 24 de noviembre concentrará buena parte de la atención mediática. Ese día, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez' tomará declaración como imputado al exviceministro venezolano Nervis Villalobos.
Villalobos acudirá a la sede judicial después de que el Registro Civil Central haya enviado al magistrado Santiago Pedraz documentación sobre supuestas irregularidades en el expediente de nacionalización del antiguo alto cargo de Hugo Chávez, que obtuvo la nacionalidad española al amparo de la conocida como “ley de nietos”, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite la nacionalización de descendientes de exiliados.
Ese mismo día, el juez escuchará como testigo a Cintia Rocho, vinculada supuestamente a un clan de narcotráfico de Badajoz. Al parecer, el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, investigado en la causa, le habría hablado de “eliminar” a la jueza Beatriz Biedma, responsable de la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
En este procedimiento, Pedraz indaga en una presunta trama destinada a desestabilizar procesos judiciales que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a familiares del presidente Pedro Sánchez, que habría estado encabezada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
También el 24 de noviembre, en los juzgados de Plaza de Castilla, se ha fijado la comparecencia de varios testigos en la causa por el rescate de Air Europa, entre ellos Sara Aagesen e Íñigo Errejón, además de Partearroyo y el actual director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, entre otros.
El 23 de noviembre está previsto que el juez tome declaración como testigos a la exsecretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Ana de la Cueva, hoy presidenta de Patrimonio Nacional, y a la directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, Pilar Paneque, entre otras personas.
La investigación, que se sigue en un juzgado de Madrid, se centra en las posibles irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que el Gobierno otorgó a Air Europa en noviembre de 2020.
El Supremo y el voto exterior por la “ley de nietos”
Paralelamente, durante estas dos semanas el Tribunal Supremo (TS) continuará estudiando las consecuencias electorales de la “ley de nietos”, después de negarse a suspender el derecho al voto de los hijos de quienes se nacionalizaron por esa vía, que finalmente podrán participar en las elecciones.
Los magistrados han mantenido, sin embargo, la suspensión del sufragio para los “nietos” residentes en el extranjero que no han acreditado ser descendientes de exiliados, una medida acordada en septiembre y ratificada en octubre y de nuevo en noviembre.
En relación con los hijos, el tribunal rechazó extender la suspensión por “seguridad jurídica y estabilidad electoral” ante la proximidad de los comicios, aunque reiteró las “presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)” sus progenitores.
El Supremo recordó que la suspensión del voto a los nacionalizados por la “ley de nietos” se adoptó el 10 de septiembre, “mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales”, y que esa decisión se confirmó “en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral”.
“Por el contrario”, subrayó, la solicitud para ampliar la suspensión al voto de los hijos, “pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente, transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados”.
A juicio de la Sala, “iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo destacó además que, “según datos oficiales, la cifra de este colectivo, 189.678 personas, es superior a la de los destinatarios de la suspensión cautelar ya acordada, 162.454 personas (163.355, descontadas las 901 que aportaron certificación consular y no les resulta aplicable la suspensión)”.
La amnistía a Puigdemont, pendiente del Supremo
Por otro lado, el alto tribunal aún debe pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Constitucional ordenara que se extendiera el perdón al delito de malversación por el que está procesado y de que el instructor del 'procés', Pablo Llarena, lo considerara amnistiable.
La Sala de lo Penal que juzgó el 'procés' ya ha aplicado la amnistía al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a exconsellers como Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig, Raül Romeva y Dolors Bassa.