El director general de onLygal, Luis Cuervo, ha insistido este miércoles en la conveniencia de reforzar la prevención, la formación y el acompañamiento jurídico con el fin de poder tomar las mejores decisiones posibles cuando surge un problema legal.
“Los ciudadanos necesitan mayor conocimiento para tomar mejores decisiones y así vamos a tener menos problemas todos”, ha indicado durante un encuentro informativo promovido por Europa Press y onLygal, en el marco del “I Foro de la Protección Jurídica: Necesidades y percepciones sobre las soluciones legales”, en el que ha compartido mesa con el magistrado jubilado Pascual Ortuño y el abogado Ignasi Vivés.
Cuervo ha apelado a la necesidad de democratizar el acceso a la información jurídica de manera “profesional” y apoyándose en “profesionales”, una idea que ha respaldado Vivés. Este último ha reclamado a la abogacía que se adapte a los “nuevos tiempos”, asuma un papel “diferente” y “cambiar el chip”, ya que, en su opinión, el acceso a la justicia está “mal”.
En esta línea, Vivés ha admitido que la población “no percibe que la justicia sea rápida” y que dicha percepción “es correcta”, por lo que ha defendido la necesidad de “buscar una solución alternativa” antes de “iniciar un procedimiento largo y costoso”.
Desde onLygal —firma especializada en soluciones de protección jurídica y servicios legales—, su máximo responsable ha mostrado su extrañeza ante el hecho de que gran parte de la ciudadanía “no ejerce sus derechos” por “cómo está estructurada la justicia”, a lo que se suma la carencia de formación.
Frente a esta realidad, Cuervo ha recalcado que hoy “es más importante que nunca ejercer nuestros derechos”, pero ha lamentado que la sociedad no sea “consciente” del alcance de sus decisiones y, por ello, ha defendido la necesidad de una mayor especialización. “La prevención juega menos papel del que debería y vale un dinero”, ha remarcado.
En términos similares, el magistrado ha considerado que los españoles cuentan con una preparación “alejada del derecho” y ha destacado el valor del conocimiento informado en el ámbito de los seguros de protección jurídica, así como la conveniencia de incorporar la mediación en las pólizas.
“Es un problema estructural, en las escuelas no se habla absolutamente de nada. El mundo del derecho es muy complejo, incluso para los que estamos en él día a día; se nos hace muy difícil”, ha señalado Vivés al referirse al desconocimiento generalizado en cuestiones judiciales.
Seguros de prevención jurídica y digitalización de la justicia
En relación con los seguros de prevención jurídica, el director general de onLygal ha apuntado que en España todavía hay escaso conocimiento sobre estos productos y que, por ello, es necesario “hacerlos sencillos y accesibles” para los usuarios.
Ante la cuestión de si este tipo de coberturas pueden contribuir a aliviar la saturación de los juzgados, Vivés ha contestado que sí, argumentando que la contratación de un seguro resulta “vital” y “muy positivo”.
Respecto al avance de la digitalización en la Administración de Justicia, Cuervo ha afirmado que “tendrá impacto” aunque “no va a ser la solución”; mientras que Vivés ha reconocido que, aunque “todos acudimos” a la inteligencia artificial, esta herramienta comete fallos y puede ofrecer información sesgada.
“Hay que ir con mucho cuidado, es una herramienta que tiene mucho peligro pero de la que debemos sacar mucho rendimiento porque tiene un potencial increíble”, ha añadido, subrayando que debe utilizarse como un recurso complementario.
Principales inquietudes legales y barreras de acceso
Las reflexiones de los tres ponentes se apoyan en el Barómetro de Protección Jurídica elaborado por onLygal, que sitúa la fiscalidad (35%), las herencias (31%) y la jubilación (30%) como las mayores preocupaciones legales de los españoles. A continuación se sitúan las bajas laborales (25%), las solicitudes de ayudas y subvenciones (23%) y la modificación de las condiciones laborales (23%).
No obstante, el informe pone de manifiesto que siete de cada diez personas reconocen no conocer bien sus derechos y que, cuando se enfrentan a un conflicto legal, suelen optar por una solución informal o, directamente, por no hacer nada. El estudio añade que, cuando el ciudadano decide actuar, el acuerdo amistoso se impone en muchos casos a la vía judicial.
Según la encuesta, los principales obstáculos son el coste de acceso a la justicia, la complejidad de los trámites y la tendencia a evitar problemas y situaciones de estrés. El barómetro subraya que el 41% de los encuestados no recurre a los tribunales porque considera que su lentitud hace que no compense.
Aun así, la ciudadanía sí valora la utilidad del sistema judicial, pero solo lo activa cuando entiende que el beneficio que puede obtener supera el coste económico o emocional, el tiempo invertido y la dificultad del proceso.
El estudio también refleja que, ante un conflicto legal, la disposición a actuar y a contratar servicios jurídicos aumenta cuando se percibe vulnerabilidad o riesgo, aunque persiste una brecha entre la intención y la acción efectiva por las barreras ya mencionadas.
Por último, el barómetro concluye que, para resolver dudas legales, los españoles recurren en primer lugar a fuentes de fácil acceso, especialmente Internet o ahora la Inteligencia Artificial, y solo en un segundo momento acuden a los profesionales del Derecho.