Tres integrantes en activo de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) han admitido durante el juicio que formaban parte de esta organización criminal, tras alcanzar un acuerdo de conformidad entre sus abogados defensores y la Fiscalía, con la finalidad de reducir las penas inicialmente reclamadas y evitar su entrada en prisión.
En un principio, el Ministerio Público reclamaba para cada uno de los procesados una condena de cinco años de cárcel por un delito de pertenencia a organización criminal. Tras el pacto alcanzado en sala, la pena se fija finalmente en dos años de prisión para cada acusado.
La Fiscalía sostenía que los tres acusados participaban de forma activa en esta banda latina asentada en Madrid, estructurada en distintos capítulos o “coros”, con una organización jerárquica, reparto definido de cometidos, reuniones periódicas y un conjunto de normas internas de obligado cumplimiento.
De acuerdo con el escrito de acusación, los DDP surgieron en Manhattan (Nueva York) a comienzos de los años 90 y comenzaron a extenderse a España en 2004. En la Comunidad de Madrid, la organización dispone de siete capítulos y se financia mediante cuotas abonadas por sus miembros y los beneficios procedentes de diversas actividades delictivas.
El Ministerio Público afirma que la banda busca ejercer el control territorial de calles y barrios a través de agresiones, amenazas y coacciones, tanto contra integrantes de grupos rivales como contra personas ajenas a estas organizaciones. Entre las conductas atribuidas figuran robos con violencia, lesiones, amenazas, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
En lo relativo a los tres procesados, el escrito de la acusación detalla varias identificaciones y actuaciones policiales practicadas durante años por hechos relacionados con la actividad de los DDP, incluyendo detenciones por robos con violencia, lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas.
La Fiscalía calificaba los hechos como un delito de pertenencia a organización criminal, contemplado en el artículo 570 bis del Código Penal, y pedía para cada uno cinco años de prisión, además de diversas inhabilitaciones especiales. Asimismo, interesaba la disolución de la banda.